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Prevaricación y tráfico de influencias. Además de fraude y estafa. Son los cuatro presuntos delitos que el PSOE estima que pueden haberse cometido en la tramitación del Plan Parcial de Benalúa Sur. Roque Moreno, portavoz municipal del grupo socialista confirmó ayer, que el próximo martes presentarán ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia para que "investigue el proyecto de parcelación de la unidad de ejecución número 1 Benalúa Sur por si hubiera indicios de delito", tal y como sospechan.

En la denuncia, el PSOE acusa de estos presuntos delitos a la responsable de la Gerencia de Urbanismo, Sonia Castedo, a varios funcionarios que respaldaron con sus informes las actuaciones municipales, así como a la mercantil urbanizadora del plan, Nuevo sector PP I.2 Benalúa Sur S.L., primero y Prasa después.

Los socialistas consideran que la actuación municipal ha hecho posible la primacía de los intereses de la mercantil en contra -advierten- de la legalidad y de los intereses públicos. Moreno justificó la denuncia además explicando que al principio la urbanizadora propuso asumir el 100 por ciento de los gastos del desarrollo del plan. Algo que fue aprobado por el pleno. Sin embargo más tarde la misma mercantil presentó un segundo informe jurídico-económico en el que ya repartía el gasto del desarrollo del plan con el Consistorio al 50 por ciento.

"De tal forma, -continúa Roque Moreno- que al final el Ayuntamiento pierde el suelo y la promotora se queda con todo el aprovechamiento municipal por tan solo 320.000 euros". Una cifra "ridícula" que, según el PSOE, no alcanzaría ni para pagar uno de los pisos que se construirá en la zona, denominada como Milla de Oro.

"Y a todo eso -continúa el portavoz municipal de los socialistas alicantinos-, hay que añadir el cese de dos técnicos que son contrarios a estas prácticas".

La socialista Loles Fernández recordó que cuando la mercantil presentó la segunda proposición jurídico-económica "ningún funcionario se dio cuenta, por lo que fue aprobado por el pleno de 2003". "Posteriormente -continúa la edil Fernández-, en agosto de 2005, un alto funcionario de la Gerencia de Urbanismo elabora un informe en el que da cuenta de la existencia de los dos informes económicos y propone tres posibles soluciones: aplicar el primer informe (la mercantil asumía el 100 por ciento de los gastos extras); declarar lesivo el acuerdo de 2003 y anularlo, que es -matiza la concejala socialista- lo que debería haberse hecho y lo que exige la oposición", o aceptar la segunda propuesta que reparte al 50 por ciento entre la mercantil privada y el Ayuntamiento los costes de las cargas extras.

Según el PSOE, el Ayuntamiento se decantó, precisamente, por la tercera opción. Asumir el 50 por ciento de los gastos con los que en un principio debía correr la urbanizadora. Una actuación que para la oposición beneficia a la mercantil en detrimento y perjuicio de los intereses generales de la ciudad y los alicantinos.

"Pero no contentos con esto, en abril de este año -continúa Loles Fernández- Castedo remite una carta a la urbanizadora eximiéndole de la ejecución de un muro. De forma que la mercantil vuelve a ahorrarse otros 220.000 euros que tiene que asumir Ciegsa, una empresa pública dedicada a la construcción de centros escolares, y por tanto, todos los ciudadanos.

Pero para los socialistas aún más motivos de lesión de los intereses generales por parte del Ayuntamiento, ya que según denuncian, "se ha erradicado del plan las viviendas de protección oficial, y no se contempla -aseguran- el 30por ciento de VPO al que obliga la ley". Fernández explica que hay incluso un informe que lo recoge y añade que parece que fue el priori gerente quien en agosto de 2005 decide si hay o no VPO en el plan parcial.

"Se trata -afirman los socialistas que el martes presentarán ante la Fiscalía Anticorrupción la denuncia contra la responsable de Urbanismo, Sonia Castedo, la mercantil y varios funcionarios municipales- de una actuación que usa supuestamente el poder público para obtener resultados presuntamente fraudulentos y objetivos dañinos para los intereses públicos y el patrimonio público que el Ayuntamiento de Alicante debería preservar".