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Los jueces trabajan "al límite", manifestaba esta semana el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Juan Luis de la Rúa. "Delicada situación" era el término que utilizaba la Junta de Jueces de lo Penal, reunida el pasado viernes, para resumir el momento actual de los tres juzgados especializados en Ejecutorias.

Dos asuntos preocupan en gran medida a los magistrados de estos órganos: el número de asuntos de entrada y, como principal consecuencia, el retraso que acumulan los procedimientos, es decir, la ejecución de las sentencias.

Y por si la situación no fuera ya de por sí complicada, a estos inconvenientes se le suman la falta de medios materiales y personales, según un comunicado difundido ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Así, en el primer de los apartados denuncian la ausencia de un registro informático común de penados de acceso para los tres juzgados (el 5, el 13 y el 14) y que, además, el programa informático carece de un sistema de alarmas que permita controlar las órdenes de busca y captura, los permisos a devolver y las suspensiones de penas.

De tal manera, que en la práctica estas deficiencias suponen que un juzgado desconozca si un mismo condenado tiene causas pendientes en alguno de los otros órganos. Por ejemplo, si ha pedido suspensión de la pena o si se encuentra en busca y captura.

La fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert, ya advirtió esta semana que la falta de medios, en relación a un registro de pederastas -que ha propuesto el Gobierno-, podía hacer que se repitieran casos como el de la joven Mari Luz en Huelva.

Este suceso sacó a la luz los graves problemas estructurales de la Justicia. También hizo mención a este caso la Junta de Jueces de lo Penal, según el comunicado difundido, que expresó su pesar por la muerte de la niña de cinco años, aunque destacó el hecho de que se quiera hacer recaer su causa "en una única persona".

También hizo suyas las conclusiones a las que llegó recientemente la junta sectorial de jueces de Sevilla, que insiste "en la falta de medios materiales y personales que desde tiempo inmemorial aquejan a la administración de Justicia".

A tres juzgados de Valencia se remiten para su cumplimiento las sentencias pendientes de los juzgados de los penal, así como las de los Juzgados de Instrucción y Violencia sobre la Mujer de la provincia de Valencia, excepto los de Alzira, Xàtiva, Ontinyent y Gandia.

Esta acumulación hace que en el juzgado número 5 se encuentren ahora mismo en trámite 6.175 ejecutorias, otras 5.672 en el número 13 y 3.894 más en el número 14. Además, el primero tiene pendientes de incoar -todavía no se han puesto en marcha- 288 ejecutorias, el segundo, 297 y, el tercero, 933. Casi 1.500 condenas.

Los jueces, según aclararon desde el TSJCV, pretenden con estas denuncias conseguir que su labor sea mucho más efectiva, ya que ahora los problemas estructurales se lo impiden. De ahí que reclamen urgentemente una mejora a las administraciones implicadas.

Aparte de ampliar las aplicaciones de los programas informáticos, competencia que depende del Ministerio de Justicia, también solicitan otra medida al Gobierno para terminar con esta situación: incrementar la plantilla de magistrados al menos en un 50 por ciento.

Las mismas fuentes recuerdan que de esta forma se podría conseguir un ratio de jueces por cada 100.000 habitantes similar a países como Portugal o Grecia, "ya que actualmente este índice se encuentra en España en 10, 24 frente a los 16 y 19" de los dos anteriores países.

La junta ya realizó en enero de 2008 un exhaustivo informe al respecto en el que se informaba a las distintas administraciones en materia de Justicia de las auténticas necesidades de los juzgados de lo penal, "que tienen que soportar su carga de trabajo con un escaso número de funcionarios y un aumento de las causas que tienen que conocer por la conflictividad cada vez más acusada de la sociedad".

Además, en el citado estudio de principios de año se recogía la necesidad de atención de los juicios orales derivados del trato procesal y penal de la Violencia de Género, "que es de tramitación preferente a todas las demás, con excepción de las causas con preso".

Otra de las reivindicaciones tiene como principal destinatario la Conselleria de Justicia, de quien dependen las plantillas de funcionarios. El juzgado de lo penal número 14, creado el 29 de junio de 2005, nació con una plantilla de nueve funcionarios. No obstante, con los planes de refuerzo se ha incrementado a un total de 19 funcionarios, pero una decena de ellos son interinos.

Los juzgados 5 y 13 -creados uno y dos años antes que el 14- nacieron con una plantilla de 27 funcionarios, a los que posteriormente se sumaron otros tres trabajadores.

Por tanto, la diferencia de personal y de carga de trabajo entre uno y otro órgano es patente. Además de la dificultad de un control judicial efectivo sobre el volumen de causas en trámite y pendientes.