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Una mujer coloca en el balcón de su casa una pancarta en contra de que se construya el aparcamiento subterráneo de la avenida de Padre Esplá. El enfrentamiento que mantienen desde hace más de tres años el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y los vecinos de Pla por la construcción de un aparcamiento subterráneo en la avenida de Padre Esplá, lejos de remitir se mantiene, e incluso se recrudece. El equipo municipal de Gobierno del Partido Popular aprobará el lunes la adjudicación a la empresa alicantina Europatologías SL del estudio de seguridad integral de los edificios que lindan con el estacionamiento subterráneo que se pretenden construir en la avenida y cuyas obras están adjudicadas al empresario Enrique Ortiz.

Con esta medida, prometida por el alcalde a la asociación de afectados por la construcción del parking, que preside Francisca Corbí, y que está integrada por más de cuarenta comunidades de vecinos y comerciantes, se reabre un enfrentamiento entre Alperi y los vecinos, que se mantenía latente desde diciembre de 2007. Fecha ésta en la que se hizo público el pliego de condiciones para la ejecución del estudio geotécnico y de seguridad de los inmuebles de Padre Esplá, que fue criticado por la asociación de afectados.

Corbí reiteró ayer la negativa de los afectados a que se realice esta obra, puesto que consideran que no es necesario y que sólo obedece a un empecinamiento del alcalde, y manifestó su rechazo "a que se levante la calle durante dos años como mínimo, lo que significaría la ruina de un gran número de comercios", indicó con preocupación. La presidenta de los afectados por el parking, que cuenta con el apoyo de la asociación de vecinos del Pla y colectivos políticos y ciudadanos, refirió que muchos de vecinos de la avenida de Padre Esplá han expresado su decisión de no dar facilidades a los técnicos de la empresa Europatologías para que realicen las inspecciones de sus viviendas. "Una actitud que es consecuencia de su negativa a que se construya el parking", señaló Corbí.

También manifestó el desacuerdo de los residentes del barrio en que el proyecto del estacionamiento subterráneo prevea mantener la gasolinera situada en la avenida, y que tiene unos depósitos de más de 20.000 litros de combustible, "lo que representa un claro peligro para la seguridad de los vecinos", indicó al tiempo que manifestaba que "eso es una barbaridad" .

El estudio de seguridad prevé la evaluación del estado de conservación y el análisis de las patologías de 400 viviendas, 31 zaguanes, 30 bajos y el edificio del Club Atlético Montemar, por lo que la falta de colaboración de los vecinos supondrá sin duda un retraso en el plazo de ejecución de los trabajos de inspección de las viviendas .

Francisca Corbí lamentó que el alcalde no haya tenido en consideración las propuestas de la asociación de afectados para que se construya un parking en altura en el solar que actualmente ocupa la Unidad de Tráfico de la Policía Local en la calle Doctor Sánchez San Julián, junto al Barrio Obrero, o en las instalaciones del Montemar, "donde existe un proyecto que no terminó de ejecutarse".