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Gran Bretaña cuenta con 7.000 radares fijos en las carreteras. Holanda, que ocupa la misma extensión que Extremadura, dispone de otro millar. En toda España, el objetivo para finales de año es tener 500. Actualmente en la Comunitat no llegan a una treintena. Son pocos, pero indispensables para lograr reducir la velocidad de los conductores, un elemento que aparece como factor clave en muchos accidentes con víctimas.

En el primer año del plan que diseñó Tráfico se instalaron ocho puntos de control de velocidad. Cada uno disponía de su correspondiente radar. En el segundo año del plan (2007) se colocaron más dispositivos, aunque no en todos estaba un medidor de velocidad.

La jefa provincial de Tráfico, Maria Dolores Pérez, informa de que los aparatos de la provincia de Valencia han detectado en casi dos meses a 9.000 infractores. O lo que es lo mismo, 150 conductores eran multados cada día por exceder la velocidad.

La última decisión, que se ha adoptado recientemente, es la de ir cambiando la ubicación de los radares conforme pasan los meses. "Ya los hemos reubicado una vez", confirma Pérez.

Esta estrategia depara un doble resultado. Por un lado se ahorra dinero -cada aparato cuesta aproximadamente 100.000 euros- y, por otro, el conductor no se acostumbra a que el control de velocidad esté siempre en el mismo lugar.

Desde Jefatura lógicamente prefieren ocultar el lugar en el que está el radar porque difundirlo le haría perder parte de eficacia. Sin embargo, sí que es público el emplazamiento de todos los puntos de control. Además, existen señales que advierten de la presencia de un radar en ese punto de la vía.

Actualmente se están instalando los nuevos aparatos. En autovías y autopistas ya se ha completado el proceso, aunque están pendientes de que los radares pasen las pruebas en Meteorología. Este trámite es básico para evitar posibles reclamaciones y recursos de conductores que puedan anular la sanción por irregularidades en el aparato. "Estamos encontrando más problemas en la instalación de los radares en carreteras secundarias porque no resulta tan fácil realizar las conexiones", indica la responsable de Tráfico.

La Dirección General de Tráfico puso en marcha el pasado mes de marzo el centro de tramitación de denuncias automatizadas, ubicado en León. Hasta estas instalaciones llegan las imágenes de los vehículos que han captado los radares fijos de toda España.

La apertura de estas dependencias ha posibilitado, según publica la revista de la DGT, que la notificación de la multa esté en Correos a las 72 horas de producirse la infracción. Estas multas tienen el inconveniente de que, al no detener el vehículo, no se sabe realmente quién conduce. Por eso se requiere que el propietario del automóvil comunique quién estaba al volante en el momento de la infracción.

A la vigilancia del control de la velocidad, se le sumó desde el pasado 2 de diciembre la reforma del Código Penal, que endurecía las condenas para delitos relacionados con la seguridad vial, como las alcoholemias positivas y determinados excesos de velocidad.

El pasado 1 de mayo la medida se completó con la aplicación de otra iniciativa -que incluía una moratoria hasta el citado día- para aquellos que condujeran sin haber tenido nunca una licencia o permiso.

Desde entonces, tan sólo un conductor ha ingresado en prisión preventiva -a la espera del juicio- por violar las normas de circulación. Se trata de una persona que tuvo un accidente cuando superaba la tasa de alcoholemia y causó la muerte del otra persona, según explica el fiscal encargado de la materia, Pedro Poyatos. El hombre se encuentra en prisión acusado de un "homicidio imprudente" y está a la espera de que sea juzgado.

Los datos que manejan desde el Ministerio Público, sitúa este caso como el de la única persona que ha ingresado en prisión en la provincia de Valencia por un delito de estas características. Los datos que manejan desde el Ministerio Público, sitúa este caso como el de la única persona que ha ingresado en prisión en la provincia de Valencia por un delito de estas características.

La razón, según explica el propio Poyatos, reside "en que afortunadamente no se están cometiendo delitos de esta gravedad. El caso es tan claro - "de manual", precisan- que desde la Fiscalía no albergan dudas de que el conductor será declarado culpable en el juicio.

No obstante, la mayoría de las penas de tráfico -alcoholemias, excesos de velocidad, conducir sin licencia- se están castigando con multas y/o trabajos en beneficio de la comunidad. "Un gran porcentaje sí llevan aparejados este tipo de condenas", reconoció el fiscal.

Ahora bien, otro aspecto diferente es el cumplimiento de las mismas, asunto que actualmente "se encuentra en el ojo del huracán". Se trata de otro problema, en el que el responsable de la Fiscalía incide en que el legislador "legisla bien, pero luego se plantean problemas por parte de todo el mundo". En este sentido, explicó que si bien en un principio no hay ningún condenado que ponga reparos a las penas en beneficio de la comunidad, "luego, a la hora de cumplirlas, comienzan los inconvenientes y las excusas".

En este sentido adelanta que ya se están planteando actuaciones para atajar esto, como que el no cumplirlas suponga "un quebrantamiento de condena". En esta misma línea, Poyatos también admitió que los Ayuntamientos no se están implicando lo suficiente a la hora de ofrecer plazas para completar este tipo de servicios. "Los Consistorios no ofrecen ni la hora al respecto", afirma tajante.

El hecho de que sólo un conductor esté en prisión demuestra, en cierto modo, que el endurecimiento de las penas ha sido positivo tanto en la reducción de la siniestralidad -un hecho en los últimos años, que se confirma también en el presente ejercicio- como en el número de imprudencias que se cometen al volante.

No obstante, Poyatos alerta del riesgo de criminalizar en exceso a estos infractores -quizá por la enorme presión social existente- fenómeno que también se atisba con los motoristas, grupo en el que está aumentando la siniestralidad.

La responsable de Tráfico no elude la polémica respecto a los trabajos en beneficio de la comunidad. "Es cierto que si estas alternativas no están bien diseñadas puede que el delito quede impune". Desde el departamento de Tráfico -aunque no es una competencia directa- están preparando un protocolo para ofrecer la posibilidad de cumplir estas condenas "en colaboración con asociaciones de víctimas y la participación en diferentes actividades". De momento, las conversaciones ya se han iniciado. Además, desde la Jefatura Provincial de Tráfico se pedirá también más implicación de los Ayuntamientos.

Esta semana se celebra en Madrid una reunión, organizada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a la que acudirán fiscales de toda España. Poyatos estará presente en el encuentro, donde se debatirá la conducción bajo bebidas alcohólicas o en situaciones meteorológicas adversas.