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"Estamos en un punto en el que ya no sabemos qué hacer". La frase, pronunciada esta semana por un abogado del caso Terra Mítica resume a la perfección el estado de inquietud de los implicados en el caso. La investigación avanza con pies de plomo, y lo que es peor, los retrasos se suceden de forma cíclica.

El último traspiés ha tenido lugar hace escasos días. Tal y como ya publicó este periódico, el juzgado ha tardado cinco meses en disponer de dos peritos de Hacienda para que revisen las facturas en las que se sustenta el caso. El objetivo es esclarecer si efectivamente se produjeron diversas irregularidades como fraude fiscal, delito societario o falsedad documental durante la construcción del parque.

La petición la realizó la fiscal -y fue apoyada por el PSPV, acusación del caso- y no ha sido fácil ejecutarla. Hacienda aportó un listado con 100 posibles técnicos que podrían hacerse cargo de la labor. Las impugnaciones de las partes personadas en el caso dejaron fuera de juego a 95, y de los cinco restantes finalmente se eligieron a dos mediante sorteo hace escasas semanas.

Una vez salvado este escollo parecía que la revisión de las facturas iba a ser inmediata, pero han surgido dos nuevos problemas. El primero, que uno de los dos peritos designados ha presentado ante el juez su renuncia a participar en la investigación. Según afirman fuentes cercanas al caso, este experto ha alegado vínculos familiares para evitar el trabajo. Al parecer, su esposa también trabaja en Hacienda y teme que con posterioridad alguien ponga en duda su imparcialidad por el hecho de estar relacionado con otro profesional del gremio que podría tener acceso a la documentación.

La renuncia ha provocado a la vez sorpresa e indignación. Sorpresa entre los abogados de los imputados, que no entienden por qué este técnico de Hacienda no comunicó al juez con anterioridad su situación y esperó a ser designado para trabajar en el caso. Indignación en la Fiscalía, que ya se ha opuesto a que el inspector se retire y ha pedido al juez que le obligue a trabajar de inmediato con las facturas.

El titular del juzgado número 3 de Valencia, en el que se sigue la causa, no se ha pronunciado por el momento sobre esta cuestión, pero según apuntan las mismas fuentes, si resolviera a favor del técnico de Hacienda habría que elegir a un nuevo perito entre los tres que quedaron en la lista. En conclusión, a los cinco meses que ha llevado el proceso de selección habría que sumar un nuevo atraso.

Se quede o no este técnico, la realidad es que hay otro problema. Las recusaciones presentadas por las partes no sólo afectaron a los 95 inspectores ya fuera del proceso, sino también a estos dos una vez que fueron elegidos.

El juez ha admitido a trámite estos últimos recursos, pero ha decidido que la resolución quede en manos de la Audiencia Provincial. De esta forma el juez se quita de encima un nuevo problema y deberá ser esta instancia superior la que determine si el proceso para elegir a los expertos de Hacienda ha sido impecable.

El dilema que surge ahora es saber cuánto tiempo tardará la Audiencia en pronunciarse. "Si las resoluciones en los juzgados son lentas, imagínate con la Audiencia. Nos podemos tirar meses esperando a ver qué dice", afirman las mismas fuentes, que recuerdan que el caso lleva en fase de diligencias previas dos años y medio.

Fruto de la espera hasta ver qué resuelve la Audiencia, la revisión de los documentos queda paralizada. Y es que si los peritos comenzaran a examinar las facturas y posteriormente la Audiencia se pronunciara a favor de los recursos, todo el trabajo adelantado quedaría anulado.

Tanto el juzgado como la Fiscalía prefieren esperar para evitar nuevos contratiempos, ya que no sería la primera vez que se anula parte de la investigación. De hecho, en 2006, la Audiencia declaró nulo todo el expediente por la falta de un trámite que Hacienda debía haber dado a los imputados. La estimación del recurso obligó a comenzar toda la investigación de nuevo.

Los continuos retrasos ya han mostrado al juez su preocupación por el retraso de las diligencias. Afirman que las sospechas que recaen sobre ellos les están haciendo perder contratos, por lo que piden mayor celeridad en el caso.