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La Agencia Española de Protección de Datos ha iniciado un expediente sancionador contra el empresario alicantino Enrique Ortiz según anuncia la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC). La plataforma denunció una supuesta infracción por parte del empresario y promotor del plan de Rabasa por la obtención y el tratamiento de los datos personales de los cientos de jóvenes que acudieron a informarse sobre las viviendas de VPO que se prevé construir en Rabasa.

Los hechos, según recordó la PIC, se remontan a junio de 2005, cuando aún no se había aprobado provisionalmente el plan de Rabasa. La mercantil abrió una oficina temporal en las inmediaciones del Ayuntamiento, en la que ofrecían la inscripción para viviendas del plan urbanístico.

Desde el primer momento, la PIC considera que estos hechos eran "una demostración más del comportamiento irregular del promotor del plan, quien en todo momento -mantienen- ha venido actuando al margen del respeto a las normas más elementales para tratar de forzar la aprobación de este negocio inmobiliario, contando para ello con el respaldo del Ayuntamiento y la dejación de sus obligaciones más elementales en defensa del interés público".

Por ello, en octubre de 2006 la PIC presentó ante el presidente de la Agencia Española de Protección de Datos "una documentada denuncia relatando estos hechos, que ha concluido en la apertura de un procedimiento sancionador".

Por su parte, el empresario Enrique Ortiz, advierte de que la Agencia Española de Protección de Datos ha desestimado todas las acusaciones de la PIC contra Viviendas Sociales del Mediterráneo, la empresa filial del Grupo Ortiz, "excepto -añade el empresario- una falta leve".

Ortiz aseguró, a través de un comunicado, que la Agencia "no dio crédito a que hubiera realizado publicidad engañosa, ni recabado de forma indiscriminada los datos de las personas que se acercaron a la oficina habilitada para aportar información sobre las viviendas protegidas que contempla el plan, ni utilizado posteriormente los datos de las personas inscritas".

La resolución, de 25 de abril, de la Agencia de Protección de Datos "lo único que contempla" es -explica Ortiz- "iniciar un expediente sancionador" para aclarar "la presunta infracción, tipificada como leve" que señala que "toda persona o entidad que proceda a la creación de ficheros de datos de carácter personal lo notificará previamente a la Agencia". Los responsables de la promotora señalan que "es cierto que, por desconocimiento, no se comunicó a la Agencia la creación de esos ficheros en los que constan el nombre y apellido, dirección, teléfono y email de las 7.089 personas inscritas.