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La Síndica de Greuges, Emilia Caballero, ha recomendado a la Conselleria de Justicia que abra un nuevo periodo de ayudas para incluir a todos los ciudadanos de la Comunitat que sufrieron penas privativas de libertad como consecuencia de la Guerra Civil española. Esta recomendación se produce tras recibir numerosas quejas de familiares de ciudadanos que permanecieron presos en este periodo y que se han visto privados de estas ayudas.

La Generalitat elaboró un censo con las personas que podrían ser beneficiarias de estas ayudas. Para ello, tuvo en cuenta una serie de requisitos y excluyó a los ciudadanos que estuvieron encarcelados por un tiempo inferior a tres años, a los que estando en prisión y cumpliendo los requisitos no pudieron certificar su estancia en la cárcel por el tiempo establecido así como a los que se les pasó el plazo para presentar las solicitudes de indemnización convocadas en 2004.

Como consecuencia de la aplicación de estos requisitos, según explica la Síndica, podría darse que muchos valencianos que realmente padecieron la privación de libertad por motivos políticos no consten en el censo de la Administración y, por lo tanto, se hayan quedado sin las correspondientes ayudas. De hecho, a la Sindicatura han llegado reclamaciones de familiares de presos políticos que no han podido optar a las ayudas por las dificultades a la hora de obtener los certificados, por residir fuera de la Comunitat o por haber entregado la documentación fuera de plazo, entre otras consideraciones.

Se da la circunstancia de que en otras comunidades autónomas no se ha tenido en cuenta el límite de años que se ha permanecido en prisión y para evitar discriminaciones se han establecido ayudas proporcionales al tiempo que se ha estado encarcelado. Asimismo, y acerca de la dificultad de hacerse con un certificado del tiempo pasado en la prisión, en otras comunidades se han establecido acuerdos y convenios con las administraciones de las que dependen archivos históricos civiles o militares.

Ante el aluvión de quejas, desde la Sindicatura instan a la apertura de un nuevo periodo para la solicitud de estas ayudas y le piden a la Conselleria de Justicia que establezca todas las medidas posibles para facilitar al colectivo de afectados y a sus familiares los certificados de privación de libertad tras la Guerra Civil.

En su recomendación a la Conselleria, la Síndica también se refiere a que por la edad de los afectados, la Administración autonómica debería incrementar al máximo sus esfuerzos para reparar las injusticias cometidas con ellos.