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La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat ha decidido archivar la denuncia presentada por la plataforma Salvem Tabacalera por un delito de daños contra el patrimonio histórico, al considerar, una vez vistos los informes exigidos por la ley, que no existe irregularidad.

La plataforma presentó una denuncia a raíz de los derribos llevados a cabo en las naves laterales del edificio, situado entre las calles Amadeo de Saboya y Micer Mascó.

El Ayuntamiento acordó las demoliciones exceptuando las cabeceras recayentes a Amadeo de Saboya, apoyado en la modificación del Plan General que se realizó en 2006. Esta variación cambió la protección del edificio, considerando como Bien de Relevancia Local el palacio de la Industria, la sala de maquinaria, la sala de motores y los dos tramos de las naves laterales citados anteriormente. Es decir, se protegió lo que se utilizará como nueva sede municipal una vez termine la reforma actual.

Con ello, el resto del complejo carecía de protección y el Ayuntamiento procedió a su demolición con el fin de destinar el suelo resultante a la edificación de viviendas y equipamientos públicos. Lo que ha investigado la Fiscalía es si la modificación de la protección patrimonial se realizó con los informes y requisitos exigidos por la Ley de Patrimonio Valenciano.

Aunque hay estudios que aconsejan la protección íntegra del edificio, como el de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, la Fiscalía reconoce que el informe del director general de Patrimonio, que consideraba no necesaria la protección total del complejo, reviste "todos los requisitos legales". Por ello, el ministerio público considera que no se desprende la existencia de delito contra el Patrimonio Histórico ni delito de prevaricación.

La presidenta de Salvem Tabacalera, Victoria Marín, aseguró ayer que la plataforma está a la espera de la resolución que dicte el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (en una demanda todavía pendiente), y destacó que con el derribo de las naves "pierde la ciudadanía, tanto económica como patrimonialmente". "El ministerio público ha actuado de oficio y simplemente ha dicho que la modificación del Plan General se ha realizado siguiendo todos los trámites indispensables", añadió.

Marín aseveró que la demanda de Salvem Tabacalera para que la antigua fábrica sea catalogada y no se derribe sigue existiendo y "afecta tanto a la parte patrimonial como a la artística y a la histórica". Por ello, reiteró que la asociación está a la espera de lo que diga el Tribunal Superior y manifestó que la resolución de este órgano "también se podrá recurrir".

Por su parte, Rita Barberá subrayó que la justicia ha dado la razón al equipo de gobierno ante las denuncias "instadas por el PSOE", en referencia también al rechazo del recurso socialista sobre el convenio del nuevo estadio. En esta línea, aseguró que la oposición "está judicializando permanentemente la política, e intentando hacer creer que el Ayuntamiento gestiona mal o en contra de la ley". La decisión de la Fiscalía, dijo Barberá, demuestra que las cosas se han llevado a cabo "sin ningún tipo de irregularidad".

"Si hay quien pretende sembrar la duda de la legalidad permanentemente, estos temas se vuelven al final contra ellos", añadió Alfonso Grau, concejal de Grandes Proyectos.