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Los integrantes de la Asociación de Vecinos Camí Vell de Peñíscola denunciaron ayer que han presentado 25.000 alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad desde el pasado martes y que ayer, el último día de exposición pública del documento, las oficinas del Registro se cerraron y dejaron sin tramitar el 90 por ciento de las alegaciones. El colectivo afirmó que se han quedado sin tramitar 21 cajas con más de mil alegaciones cada una.

Según explicó ayer el presidente del colectivo vecinal, Ezequiel Llorach, las alegaciones al PGOU se presentaron en distintas cajas "en tiempo y forma", ya que todas las cajas se llevaron el pasado martes. "Es la prueba evidente del rechazo importante, si no mayoritario, al proyecto de PGOU expuesto al público por un mes", apuntó.

Llorach destacó la elevada cifra de alegaciones "a pesar de encontrarnos en pleno mes de julio", por lo que mostró su satisfacción al respecto. No obstante, el problema llegó a la hora de registrar todas las alegaciones presentadas. Si bien las cajas se presentaron a tiempo en las oficinas correspondientes, lo que faltó fue el tiempo necesario para registrar todos los documentos. A las 14.00 horas, la Policía Local desalojó a los vecinos y varias cajas se quedaron sin el trámite necesario para ser estudiadas por el organismo correspondiente.

Según apuntó el presidente de la asociación de vecinos, "el ritmo de registro de alegaciones era bajo" y pese a ello se cumplió el horario de atención al público del Registro y quedaron decenas de paquetes de alegaciones sin presentar. Dos agentes desalojaron a los miembros de la entidad vecinal pasadas las 14.00 horas, de manera que los integrantes de la asociación denunciaron que "los ciudadanos de Peñíscola no han podido ejercer sus derechos fundamentales".

El colectivo criticó que el Ayuntamiento no tomara medidas para evitar que las alegaciones cayeran en el olvido. "En otros lugares -afirmó Llorach-, se registran sin poner el número de registro, que garantiza que se han presentado en tiempo o se habilitan registros en imprentas o para registrar más deprisa".

"Es responsabilidad del secretario, él sabrá lo que está haciendo, nosotros en un mes hemos hecho el trabajo, ahora les toca a ellos", resaltó Llorach.

La entidad vecinal considera en sus alegaciones que el PGOU debería regirse por la Ley Urbanística Valenciana (LUV) y no por la LRAU, derogada desde el 1 de febrero de 2006. El colectivo estima que se han infringido otras normas como la de contaminación acústica y la Ley de Ordenación del Territorio.

Camí Vell, a través de sus asesores legales, se ha puesto en contacto infructuosamente con el Consistorio para encontrar un mecanismo legal para presentar las alegaciones. "Desde el Ayuntamiento se ha negado toda posibilidad de poder presentar estas alegaciones y abrir un mecanismo excepcional ante la cantidad presentada, en tiempo y forma", dijo. La asociación sostiene que el PGOU tiene "contradicciones" entre planos, con la delimitación del PORN de la Serra d"Irta, aspectos medioambientales y la inexistencia de catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, entre otras cosas.