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La Guardia Civil tiene abiertas varias líneas de investigación para aclarar por qué el alcalde de Polop fue acribillado a tiros. Todos los concejales de la Corporación han sido sometidos a un exhaustivo interrogatorio. Además, el despacho de Alejandro Ponsoda en el Ayuntamiento fue registrado y los agentes se han llevado diversa documentación, según fuentes municipales.

Los investigadores tratan de reconstruir los últimos pasos de Ponsoda al frente de la Alcaldía, porque existen fundadas sospechas de que el móvil del asesinato frustrado guarda relación con ellos. De la misma manera, los especialistas de Homicidios continúan hablando con familiares y amigos cercanos y han inspeccionado sus pertenencias en su casa en busca de alguna pista.

Una de las líneas de investigación se centra en las rencillas vecinales que podría haber generado la expropiación de terrenos contemplada en un plan parcial para la construcción de un vial en el sur de Xirles. De ahí que entre las primeras personas que fueron interrogadas se encontrara un matrimonio extranjero que supuestamente amenazó al alcalde días antes, cuando Ponsoda y el secretario municipal les visitaron para informarles de que 355 metros cuadrados de los 1.800 de una de una parcela de su propiedad habían sido tomados en posesión por el Consistorio en mayo de este año tras consignar a cambio el depósito de un justiprecio de 48.697 euros.

Así consta en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) número 114 de 7 de junio del 2007, a través de un edicto en el que se da cuenta del acta de ejecución de la expropiación forzosa. La Guardia Civil realizó a esta pareja varias preguntas sobre la disputa y después la dejó marchar. El sábado, los agentes mantuvieron charlas individualizadas con los concejales, tanto del equipo de gobierno popular como de la oposición (PSPV y Gent de Polop) por si el munícipe les había transmitido alguna inquietud o preocupación. El objetivo es determinar si Ponsoda tenía algún enemigo cercano que pudiera albergar la intención de matarlo. En cualquier caso, la investigación está muy abierta. Así lo reconoce el propio Delegado del Gobierno, Antoni Bernabé. Según el titular del Ejecutivo, los agentes trabajan con "varias líneas".

Entre ellas, se baraja la posibilidad de que los autores de los disparos fueran sicarios. Supuestamente conocían sus costumbres y pudieron utilizar dos armas distintas para despistar a las Fuerzas de Seguridad. El mutismo de la Guardia Civil sobre la investigación es absoluto. "Preguntamos cómo va y sólo nos dicen que están trabajando en ello", relató ayer un edil. Ese comprensible silencio no hace más que engordar el misterio del caso y acrecentar los rumores y las especulaciones.