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Al grito de ¿vamos a ver al conseller!, más de una docena de trabajadores concentrados frente a la sede de La Alcoyana se subieron y apretaron en torno a las once de la mañana de ayer en los autobuses azules que pasaban junto a la mercantil, en la avenida de Denia. Acudían al encuentro del máximo responsable de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores, al enterarse de que iba a asistir a un acto en la plaza de Luceros. Esperaron hasta que vieron aparecer el coche de Flores, a quien trataban de explicarle, a través de un altavoz, los motivos de la huelga que mantienen desde hace hoy cinco días. Y el conseller se dio por aludido, se acercó a los trabajadores y les pidió que le dejaran hacer la visita y luego hablaría con ellos.

Y así fue. A la salida les escuchó atentamente acompañado por el director de Transportes, Vicente Dómine, y les tranquilizó asegurando que iba a convertirse en mediador con la empresa. Y aunque confirmó que ya había hablado con sus responsables, se comprometió ayer mismo a conocer todos los detalles con el máximo exponente de la mercantil, el presidente de Subús, Joaquín Arias de la que por la tarde no trascendió nada. Minutos antes de hablar con los conductores en huelga, Flores manifestó a los periodistas que "quiero hablar con los trabajadores para contrastar mi versión del problema y que ellos me digan" y reconoció el "daño" que se está haciendo a los usuarios con los paros que se llevan a cabo.

Los trabajadores elogiaron al conseller aunque no tienen intención de cejar en sus movilizaciones que, de hecho, han ampliado. Ayer mismo pidieron las autorizaciones para volver a hacer paros los días 3, 4, 5, 17, 18, 19, 20 y 21 de diciembre. Y esto repercute directamente en los bolsillos de los huelguistas que el día que dejarán de cobrar por las jornadas en las que estén en huelga. "Son unos 100 euros al día", calcula el presidente del comité de empresa, Gil Grimaldos.

Pero el coste del conflicto es mucho mayor. A los once miembros del comité de huelga les han abierto expedientes sancionadores de carácter grave por interponerse ante varios autobuses los días 16 y 19 para evitar que salieran de su sede y puede acarrear incluso el despido.

Reuniones

Los movimientos no cesan, aunque los conductores todavía no ven el horizonte claro. Por la mañana responsables de la empresa les emplazaron a una reunión por la tarde. Aunque finalmente duró muy poco porque, según explica Grimaldos, "los directivos que había no estaban capacitados para afrontar nada y en cuanto nos han reprochado nuestra conducta nos hemos ido, porque esto es una huelga".

Paralelamente, otros miembros del comité se entrevistaban por la mañana con los alcaldes socialistas de los municipios que se benefician del transporte metropolitano: los de San Juan y Mutxamel y representantes socialistas de San Vicente, El Campello y Alicante. Francisco Vilaplana, otro representante del comité, explica que los alcaldes "han conocido la precariedad en la que se presta el servicio y reclaman que se cree un ente metropolitano que coordine este transporte". La alcaldesa de San Vicente, Luisa Pastor, se entrevistó por la mañana con el conseller y le pidió una reunión con todos los alcaldes de los municipios dependientes del TAM para impulsar el Ente Metropolitano del Transporte. Algo que el conseller aceptó hacer.