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"En la ultima comisión informativa de Urbanismo se debatió una propuesta de alcaldía referente a suspender por un año la concesión de licencias o modificar elementos y equipos de telefonía móvil en el término municipal de Mislata, en base al compromiso adquirido en el ultimo pleno ordinario por parte del PP a requerimiento de nuestra formación política", ha señalado el portavoz de EU, Salvador García de la Mota.

Salvador García destaca que "hemos propuesto igualmente que, previo al trabajo de la modificación de la ordenanza, y dado que la tecnología de la que estamos hablando en estos últimos años ha avanzado muy rápidamente, se realizasen unas jornadas informativas organizadas por el Ayuntamiento y en las que se cuente con técnicos y médicos especialistas en la materia, dando participación a toda la ciudadanía de Mislata, en especial a las asociaciones vecinales y otros agentes sociales, de modo que en éstas puedan analizarse conjuntamente la solución a este tipo de licencias".

Esta suspensión está relacionada con la idea de crear una tasa a las empresas de telefonía móvil, pues es una iniciativa para sacar más dinero para las arcas municipales, ya que existe un plan de saneamiento financiero con el fin de controlar los gastos, así como generar más ingresos.

A raíz de conocer este hecho, subrayó nuestro interlocutor, "he formulado varias preguntas, tales como ¿Eso quiere decir que una vez paguen esta nueva tasa podrán poner las antenas que consideren necesarias? ¿Eso quiere decir recaudar dinero a costa de la salud de los vecinos? Y ¿qué harán con las licencias solicitadas que se comprometieron a no autorizar?"

Los dos puntos que resumen la propuesta de la Alcaldía son, por una parte, suspender el otorgamiento de licencias de instalación o modificación de elementos y equipos de telefonía y telecomunicaciones que utilizan el espacio radioeléctrico, y por otra, la suspensión que afecta a todo el territorio municipal se extinguirá en el plazo de un año a menos que dentro del periodo anterior se haya adoptado acuerdo de aprobación de la modificación o reforma puntual de la normativa del PGOU, en cuyo caso este plazo de suspensión se prorrogará por un año más.

Además, en la citada propuesta se hace constar que las medidas a adoptar deben ser respetuosas con el ordenamiento jurídico y no pueden suponer una restricción absoluta al derecho de los operadores, ni imponer limitaciones manifiestamente desproporcionadas, pero se debe evitar la proliferación innecesaria de dichas instalaciones y el impacto que puedan causar sobre el paisaje urbano y medio ambiente, así como establecer determinados límites de distancia respecto de los centros que requieren mayores medias de seguridad, así como recomendar la ubicación en lugares alejados de las zonas residenciales.

Igualmente se cita: "Dentro de este marco genérico de actuación se observa la falta de adecuación de la ordenanza a lo que constituyen puntos sensibles de emplazamiento. La intervención municipal buscará el establecer determinados límites de distancia a la ubicación de instalaciones respecto de los centros que requieren mayores medidas de seguridad o atención, pero no quedará limitada la modificación, en este aspecto, a establecer prohibiciones sino que conllevará la propuesta de ubicación, en lugares alejados de los asentamientos residenciales, de puntos de emplazamiento para el ejercicio del derecho de los operadores facilitados por el Ayuntamiento".