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El Plantío y Benalúa. Han sido los dos de los proyectos urbanísticos utilizados por la oposición para criticar duramente a la responsable municipal de Urbanismo, la concejala popular Sonia Castedo, a quien acusan de malas prácticas y amenazan con llevarla a los tribunales.

"La intención inicial –explica la portavoz socialista Etelvina Andreu- era acudir al contencioso administrativo, pero en vista de la gravedad del caso y de la naturaleza de la acusación, malversación de caudales y suplantación de poderes públicos, estamos pensado en ir directamente a Anticorrupción".

Las dos acusaciones responden a actuaciones municipales en el Plantío y en Benalúa. Loles Fernández, concejala socialista, explica la actuación de Castedo en el Plantío, advirtiendo que es un caso que "cuanto más avanza, las sentencias judiciales más le echan para atrás".

Fernández recuerda que la última sentencia ratificaba una anterior que declaraba nula la licencia municipal de obra que permitió la construcción de apartamentos "turísticos". "Castedo -señala la socialista- otorgó una licencia ilegal contradiciendo el criterio del Ayuntamiento y el rechazando el recurso del PSOE". Fernández dice además no entender por qué habiendo dos sentencias contrarias a la obra y una paralización judicial de las obras, la edil "decide levantar la suspensión y permitir que continúen las obras".

La concejala socialista advierte de que la sentencia judicial, además de declarar nula la licencia, pone en entredicho el carácter "turístico" de los apartamentos de El Plantío, dotados con garaje y trastero. "¿Para qué dejó continuar las obras, para que ahora la indemnización a la empresa sea mucho mayor o para aumentar la compensación?". Sobre esta actuación los socialistas piden a Castedo "que reconozca sus errores, los asuma para que le cuesten más a los alicantinos y busque soluciones y asuma su responsabilidad".

Más grave si cabe son las acusaciones que los socialistas imputan a la concejala de Urbanismo en el caso de la urbanización de Benalúa Sur. La socialista repasó la historia de Benalúa Sur y recordó que en pleno de 1999 se acordó que sería la urbanizadora -como es habitual- la que se haría cargo del coste de las obras de urbanización exterior. Posteriormente Urbanismo acordó asumir el coste al 50 por ciento. ¿Por qué, por qué hay que asumir ese coste que le corresponde a una empresa privada?", se pregunta Fernández. Un recurso del PSOE propició que los tribunales volviera a advertir de que el 100 por ciento del coste de esas obras correspondían al urbanizador, la empresa Prasa.

"No contenta con la sentencia -argumenta la edil socialista- Castedo remite a Prasa una carta en la que libera a la urbanizadora de la construcción de un muro perimetral de la urbanización y hace responsable a Ciegsa de las obras. Como ha fracasado el regalo por el recurso del PSOE -afirma la edil socialista- le hace otro regalo con dinero público". Los socialistas mostraron copia de la carta, "sin registro de entrada ni salida del Ayuntamiento, ni informe". "No entendemos -argumenta Loles Fernández- por qué se hacen concesiones a empresas privadas y luego no hay dinero para proyectos públicos".

Etelvina Andreu advierte de que si Sonia Castedo no rectifica en relación al "regalo" a costa de intereses públicos la acusarán de malversación de caudales públicos (por los 500.000 euros que perdonan a la empresa y la indemnización de El Plantío) y de suplantación de poderes públicos por decidir por cuenta propia el "regalo" sin pasar ni por Junta Local de Gobierno ni pleno. "Porque aunque se sienta plenipotenciaria -dice- no lo es".