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El concurso de acreedores presentado por la hasta ahora potentes y próspera constructora oriolana San José supone la culminación de una decadencia empresarial que se inició meses atrás y contrasta con la bonanza económica que vivió ese sector hace cuatro años.

Las fotos fijas de ambas situaciones contrastan tanto como las catorce quiebras contables tramitadas por los dos Juzgados de lo Mercantil en la provincia en todo el 2004 respecto al medio centenar que se admitió a trámite sólo en los primeros cinco meses del 2008.

Las estadísticas internas de los órganos judiciales especializados muestran una tendencia al alza en ese paulatino proceso de deterioro y desaparición del tejido empresarial, sobre todo el basado en el ladrillo, tras el tan manido pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

La ley que sustituyó la antigua figura de la suspensión de pagos, la ley concursal, fue aprobada en el año 2003, pero entró en vigor al ejercicio siguiente. Con ese nuevo texto normativo, con sus nuevas exigencias y requisitos, el único juzgado especializado en esta materia existente en el 2004 resolvió catorce casos.

Doce meses después la cifra total ascendía a 54, influida con toda seguridad por las crisis que atravesó la industria tradicional, textil y calzado sobre todo, como consecuencia de la competencia derivada de la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio.

En el 2006, con dos órganos judiciales funcionando ya a pleno rendimiento con la puesta en marcha de Mercantil 2, los asuntos se mantuvieron en cifras similares. En el 2007 se produjo el primer repunte con unos 65 concursos de acreedores resueltos.

Sin embargo, las suspensiones de pagos se han disparado en el presente año. Entre enero y mayo del 2008 se han alcanzado ya los cincuenta litigios de todo el año anterior, y esa línea ascendente no se detiene, de manera que a finales del ejercicio el número de empresas que presentan una quiebra técnica podría superar el centenar.

En su última memoria anual, correspondiente al 2007, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) refleja ya esa tendencia "al incremento de asuntos". Frente a los 173 concursos de acreedores de todo el 2006 en la Comunidad Valenciana se pasó a 241 el pasado año, un 39,30 por ciento más.

De la misma manera, los procesos conectados directamente con la tramitación de esos concursos subieron un 1,64 por ciento al registrarse 2.343, de ellos 913 correspondientes a los dos Juzgados de lo Mercantil que tienen su sede en la provincia de Alicante.