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Una treintena de las principales empresas del sector turístico en España han exigido a las comunidades autónomas que se impliquen más en la lucha contra los denominados alojamientos ilegales, es decir, aquellos que les hacen una competencia desleal por no estar sujetos a los mismos controles de calidad, garantías frente al usuario y obligaciones impositivas.

Este tipo de alojamientos superan ya el medio millón en España. Sólo en la Comunitat Valenciana, de las 237.706.245 pernoctaciones que se contabilizaron en todo 2006, un 84,9 por ciento se realizaron en alojamientos ilegales. En el caso de la provincia de Alicante se registraron 95.496.342 pernoctaciones ilegales.

Sergio Gambi, presidente de la Asociación de Empresas de apartamentos turísticos de la Costa Blanca (Aptur), apunta que "según la Agencia de Turismo, en 2006 estaban dados de alta 19.339 apartamentos, es decir, 205 más que en 2003, prácticamente nada."

El problema de los alojamientos ilegales afecta especialmente a comunidades como Baleares, Cataluña y Comunitat Valenciana y las empresas turísticas de estas zonas denuncian la falta apoyos para erradicar la competencia desleal. Sergio Gambi afirma que "no se ha hecho nada durante los últimos cinco años por solucionar este asunto, sobre todo, porque las autoridades desconocen en profundidad el problema ."

Las empresas del sector turístico, sobre todo los hoteleros, consideran que el fraude causado por estos alojamientos ilegales llega a los 450 millones de euros anuales, de los cuales un 90 por ciento se registran en la zona del litoral mediterráneo.

Desde Aptur reivindican "mayor control y vigilancia por parte de Hacienda para evitar que aquellos individuos que poseen más de dos apartamentos en propiedad les den uso como alojamientos turísticos fuera de la ley".

Distintos informes sobre este problema apuntan a que ocho de cada diez pernoctaciones de viajeros en España se producen fuera del mercado oficial, que no recibe ni un euro por ellas. Según Gambi, "por cada apartamento que declara a Hacienda, hay diez ilegales".

Las empresas reclaman a las administraciones competentes que incrementen el número de controles e inspecciones, además de aplicar otro tipo de medidas coercitivas de carácter económico, como tasas y multas. También demandan que los particulares, si conocen alguno de estos casos, que los denuncie como se hace con otros fraudes.

La competencia desleal a los apartamentos turísticos se realiza casi siempre de dos formas. Una de las más habituales consiste en que casas particulares se ceden mediante un alquiler que se paga sin factura para que Hacienda no retenga una parte del dinero. "A un particular no le sale rentable declarar a Hacienda y pagar los impuestos porque le retienen mucho", explica Sergio Gambi. La otra forma consiste en un mercado de apartamentos no legalizados que se comercializan como si fueran alojamientos turísticos pero sin cumplir los requisitos que a estos se les exigen como por ejemplo las obligaciones tributarias.