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El dolor jamás se borrará del corazón de los familiares de los 43 fallecidos cuando un 3 de julio su metro descarriló en las entrañas del túnel de Jesús. El paso del tiempo jamás les devolverá a sus seres queridos. Pero, dos años después de aquella tragedia, el punto y final de la investigación judicial del accidente va a hacer desaparecer uno de los símbolos vivos de lo sucedido: la UTA 3736 de la línea 1, el vagón maldito en el que viajaban las víctimas mortales y los 47 heridos.

En un auto emitido a comienzos de mes, la titular del juzgado de instrucción número 21 autoriza a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) para que dé "el destino que considere conveniente" al convoy siniestrado. La empresa ha iniciado ya el desguace de las unidades y está en estos momentos en la última fase del proceso.

El permiso se extiende al resto de material y elementos técnicos que fueron requisados por el juzgado para la investigación, incluida la caja negra, con la información (velocidad, tiempo de viaje, instantes de frenada...) que se empleó para reconstruir el descarrilamiento.

La autorización judicial fue solicitada por FGV después de que la Audiencia de Valencia dictara el archivo definitivo del caso a comienzos del mes de mayo. Contra el permiso otorgado por la magistrada cabía recurso. Fuentes de FGV señalaron no constarles que el fiscal o algunas de las partes personadas en el proceso se hubieran opuesto a la decisión judicial ni que la magistrada les hubiera revocado el permiso para desguazar los materiales.

Pero al menos algunos de los familiares de los fallecidos sí se opusieron a esta medida mediante un recurso presentado ante el juzgado, como confirmó el presidente de la Asociación de Víctimas del Metro. Enric Chulió es uno de los que solicitó a la magistrada la suspensión cautelar del desguace.

"Nuestra intención era que no se eliminaran el vagón y los elementos técnicos hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre nuestros recursos al cierre del caso", explicó. Al menos cuatro familias han acudido al amparo del máximo órgano judicial en materia de derechos fundamentales.

El Constitucional, más allá de su pronunciamiento, no tiene potestad para reabrir el caso, más allá de que pudiera determinar el derecho de las familias a cobrar algún tipo de indemnización en caso de que considerara que no han tenido un proceso judicial justo.

Las familias reconocen que la eliminación de los vagones forma parte del "proceso natural" una vez que la jueza y la Audiencia dictaminaron el cierre del caso. Pero añaden: "Nos parece una absoluta falta de respeto". Enric Chulió se refirió así al hecho de que el juzgado, según su versión, no les haya contestado sobre su petición de suspensión cautelar del desguace del metro siniestrado en el túnel de Jesús.

Porque el proceso de conversión de la UTA 3736 en chatarra está ya "ultimándose", como confirmaron desde Ferrocarrils. El convoy siniestrado ha dejado así ya de estar almacenado en la zona de talleres de Valencia Sud, donde se hallaba cubierto bajo un plástico y precintado, a disposición del juzgado, para proceder al desguace por FGV.

La operación se ha llevado a cabo coincidiendo en el tiempo con la retirada de la línea 1 de las unidades más viejas, las llamadas Babcok Wilcox, también conocidas como la serie 3600. Estas dejaron de circular en junio del año pasado, tras estar en funcionamiento desde enero de 1987.

Junto a los vagones siniestrados, la magistrada ha devuelto a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana elementos que estaban en poder del juzgado como piezas de convicción, elementos susceptibles de ser empleados como pruebas en caso de llegar un proceso a la fase de juicio. Entre estos elementos se encuentra la caja negra. Este dispositivo técnico fue uno de los que apuntó el exceso de velocidad que, según diferentes resoluciones judiciales, desencadenó el accidente.

La caja negra probaba también que el maquinista pasó por el punto del accidente en cinco ocasiones previas al siniestro, ese mismo día, sin signos de conducción anormal. Hasta que la vida de 43 personas se detuvo minutos después de la una de la tarde.