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La arquitecta municipal del Departamento de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Alicante, María Ángeles de la Sierra-Llamazares, y el topógrafo municipal, Fernando García Martínez, del departamento de Planeamiento y Gestión, ambos adscritos a la Gerencia de Urbanismo, certifican que la polémica parcela de El Cabo, investigada por el fiscal Anticorrupción por una supuesta cesión irregular a un promotor de suelo público municipal, invade no sólo zona verde de propiedad del Ayuntamiento alicantino (como ya ha informado este diario), sino también monte público estatal, perteneciente al Patrimonio del Estado.

Los dos informes sobre la solicitud de licencia de obra mayor de la mercantil Global Dynamic Events, SL fueron cursados por sendos funcionarios municipales al servicio de licencias del departamento de Obras Particulares de la Concejalía que dirige Sonia Castedo en el mes de julio del año 2004. Además, esta documentación, que incorpora planos anexos a escala que se reproducen en esta misma página, ya está en poder del juez de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Valencia que instruye diligencias tras presentar alegaciones un total de ocho propietarios de chalés y parcelas colindantes al investigado en la Cala Palmeras, en el Cabo de las Huertas de Alicante.

Estas alegaciones se presentaron tras desestimar la Gerencia de Urbanismo de Alicante que dirige Enrique Sanus, el pasado 16 de mayo, el recurso de reposición interpuesto por Ruser SL contra el otorgamiento, en enero de este año, de la licencia de obra mayor al promotor para construir diez viviendas unifamiliares en uno de los lugares más privilegiados y caros del litoral de la Costa Blanca.

Esta documentación obra también en poder del fiscal especial para asuntos de Anticorrupción en la Audiencia Provincial de Alicante, Felipe Briones, que admitió a trámite la denuncia de Ruser y otros siete propietarios de la zona y emitió una diligencia el 29 de octubre pasado con destino a la Gerencia de Urbanismo para "que a la mayor brevedad remita copia certificada del informe de levantamiento topográfico municipal de julio del 2004 consignando una superficie de 3.014 metros" de la controvertida parcela. Ésta procede de la adjudicación de un plan parcial en el año 1982, antes de la aprobación del vigente PGOU.

Indispensable

La arquitecta municipal de Disciplina Urbanística, María Ángeles de la Sierra, emite un informe en el que advierte de que es condición indispensable para admitir o no la agrupación de viviendas previstas en la parecela comprobar si tiene 3.009 metros cuadrados "como refleja el proyecto. No obstante, y según la documentación obrante en poder de este ayuntamiento, como es la información catastral, los planos de la reparcelación inicial de la zona y documentación aportada por particulares que se han personado como interesados en este expediente por considerar que no procede la ejecución de una agrupación, se ha detectado que dicha parcela, aun ajustándose al parecer a las alineaciones oficiales, incluye partes cuya propiedad es de titularidad estatal (lindero oeste) y municipal (lindero sur)". Esta apreciación de la arquitecta municipal puede observarse en el plano reproducido más arriba, a la derecha.

La arquitecta añade: "Por tanto, se deberá aclarar este extremo, para lo cual, en lo que afecta a la propiedad de este Ayuntamiento deberá remitirse el citado informe de Topografía al Departamento de Patrimonio". Ese informe de Patrimonio llega unos meses después, en octubre.

Pero por los mismos días que emite su dictamen la arquitecta municipal, también lo hace el topógrafo municipal, del servicio de Planeamiento y Gestión. Este funcionario informa de que "se observa que, con anterioridad a la aprobación del vigente PGOU se ejecutó un muro de cerramiento de parcela, en la zona sur, de unos 78 metros cuadrados correspondientes a parte de la zona verde definida en la reparcelación y perteneciente a la finca 71.569 propiedad del Ayuntamiento". Este mismo técnico aconseja, al igual que la arquitecta, que se haga un informe de Patrimonio para comprobar si parte del aumento de cabida corresponde a esa finca municipal de zona verde. Pero, al igual que la arquitecta, este topógrafo también observa que "el cerramiento de la parcela recayente al linde oeste sobrepasa ligeramente el linde definido por la recta entre los mojones MP-22 y MP-23 pertenecientes al deslinde del monte público del Estado".

El informe sobre Patrimonio municipal que aconsejan antes de otorgar licencia la arquitecta y el topógrafo llega poco después, en octubre del 2004 y determina, como ya se ha publicado, que "no ha sufrido disminución alguna de cabida, que es de 1.800 metros", la zona municipal de suelo verde.

Este informe deduce que "la parcela municipal no ha sufrido disminución alguna de su cabida en escritura de propiedad". Lo firma en octubre, tres meses de pedirlo la arquitecta y el topógrafo, el jefe del departamento de Patrimonio, Joaquín Chumo Eboiche, tras recibir un levantamiento topográfico de la ingeniero técnico Olga Chiquero, que dictamina que mide 1.873 metros. El plano de Patrimonio no dibuja ni alude a los mojones de monte público. Según fuentes del caso, los denunciantes han aportado esta nueva documentación al fiscal, al advertir que el informe de Patrimonio sí se incluye en la desestimación de su recurso de mayo del 2007, pero no los dos informes de la arquitecta y el topógrafo. Además, creen que el suelo que se quita de zona verde municipal se resta, a su vez, del monte público del Estado.