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El fiscal jefe de Castellón, Javier Carceller, ha decidido delegar en un fiscal especializado la investigación judicial iniciada por el incendio que arrasó 5.500 hectáreas en l"Alcalaten el pasado verano. Así lo aseguró ayer Gonzalo Centelles, alcalde de Costur, uno de los seis municipios afectados por el fuego. Tanto él como el resto de los alcaldes de estas localidades mantuvieron ayer una reunión con Carceller para abordar la situación de estancamiento en la que estaba el proceso judicial y conocer el estado de las diligencias.

"El encuentro ha sido muy positivo", manifestó Centelles justo a la salida del encuentro con el fiscal jefe, hasta ahora encargado de llevar el proceso. "Nos ha informado de que se va a nombrar a un fiscal con dedicación exclusiva en este caso de tal forma que se pueda agilizar", dijo el alcalde de Costur.

Además, el primer edil manifestó su esperanza de que a final de este año puedan estar concluidas las diligencias previas de la investigación judicial, tal y como el fiscal jefe les manifestó durante el encuentro mantenido ayer en Castellón.

La reunión sirvió además para que los alcaldes de l"Alcora, Atzeneta, Costur, Figueroles, Llucena y les Useres se pusieran al día de los trámites realizados hasta el momento por el juzgado de Instrucción número 2 de Castellón que abrió la causa por un presunto delito de incendio. Una de sus preocupaciones era el estancamiento del proceso, ya que hace apenas unas semanas los ayuntamientos entregaron de nuevo toda la documentación requerida por el juez que ya entregaron el pasado mes de septiembre a la Fiscalía.

Por otro lado, el alcalde de Costur anunció que "posiblemente" los ayuntamientos afectados se personarán en el caso como acusación particular, pero matizó que primero esperarán a ver cómo avanza el proceso y continuarán con las reuniones periódicas entre los alcaldes.

Otros colectivos como el Gecen y La Unió presentaron ante el juzgado su solicitud para personarse como acusación particular en la instrucción. De momento, su solicitud no ha sido atendida.

Desde que se abrió la causa judicial por un delito de incendio por imprudencia el pasado mes de septiembre, el juzgado ha llamado a declarar como imputados a tres empleados de la empresa subcontratada que trabajaba en el lugar del incendio. Estas declaraciones se realizaron en septiembre y octubre y, desde entonces, se desconoce si el titular del juzgado de Instrucción número 2 de Castellón ha llamado a declarar a más personas, bien como imputados o como testigos.

La apertura de la vía judicial provocó que la Conselleria de Medio Ambiente dejara en suspenso el expediente sancionador abierto a las dos empresas implicadas en el incendio. El departamento autonómico matizó que sólo paralizaba el expediente hasta que se resuelva la vía judicial.

El Consell decidió simultáneamente presantarse como acusación particular en las diligencias abiertas. Hasta ese momento, las investigaciones realizadas por los agentes medioambientales adscritos a la Conselleria y por la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat Valenciana constataron que se estaban realizando trabajos de mantenimiento en una torre eléctrica cuando comenzó el incendio, el pasado día 28 de agosto.

Según explicó el Consell en su día, "en la realización de estos trabajos se utilizó una radial que no disponía de las defensas correspondientes para evitar la proyección de las chispas que causaron la ignición de los combustibles forestales".