Noticias Ya.com

El Ayuntamiento de Alicante y, en concreto, el servicio de Recursos Humanos, ha reaccionado a la denuncia desvelada en este diario relativa a las retenciones irregulares que desde hace cuatro años ha venido realizando a las nóminas de cientos de funcionarios.

La Verdad informó el pasado 24 de enero que el Sindicato de Empleados Públicos de la Comunidad Valenciana (SEP-CV) advertía al Consistorio de la presunta irregularidad, que consiste en aplicar la retención del Impuesto de las Rentas Físicas (IRPF) a las ayudas sociales que los trabajadores reciben. Puede ser por una operación para recuperar la visión o para la adquisición de prótesis dentales, la realización de una ortodoncia o la compra de audífonos y plantillas, entre otros beneficios, que se detallan en esta misma página.

Ahora se trata de devolver sólo el porcentaje de la ayuda afectado por la retención, que depende de cada trabajador. Lo que ocurre es que son muchos los funcionarios afectados... y durante cuatro años.

En un primer momento, los técnicos de Recursos Humanos fueron los primeros sorprendidos con la denuncia. Según fuentes municipales, la propia Agencia Tributaria había permitido este tipo de retención. Sin embargo, todos los indicios apuntan a que se equivocaron desde el Ministerio de Hacienda e hicieron equivocarse no sólo al Ayuntamiento de Alicante, sino también a otras administraciones que siguieron el mismo camino. De hecho, el propio SEP-CV lo está planteando a través de su sección sindical en la Universidad de Alicante.

La primera decisión tomada por la concejalía que dirige Juan Seva fue remitir a la Agencia Tributaria una consulta vinculante, para confirmar si la denuncia se sostenía legalmente. Según las fuentes consultadas por este diario, la respuesta aún no ha llegado a los despachos municipales, pero Recursos Humanos ya ha empezado a trabajar en el sentido de que el sindicato tenga razón.

Por ello, de momento, ya no incluye las ayudas sociales en las retenciones mensuales correspondientes al IRPF. Pero, además, trabaja en averiguar qué cantidad ha sido retenida de manera irregular para, en el momento de que se confirmen los hechos denunciados, proceder a remitir a la Agencia Tributaria la información que maneja el Ayuntamiento en sus archivos, a través de certificados personales de cada empleado municipal.