Noticias Ya.com

La petición al Ayuntamiento de la empresa Biodiésel Alicante de una indemnización de 143,7 millones de euros por los daños y perjuicios que le ha causado la negativa municipal a darle la licencia de obra y actividad para instalarse en el puerto ha unido, por primera vez en esta legislatura, al equipo municipal de Gobierno del Partido Popular y al grupo socialista. Así, mientras que la edil de Urbanismo, Sonia Castedo, calificaba ayer de barbaridad la cantidad solicitada por la empresa Biodiésel Alicante y reiteraba que la mercantil no cumple la normativa legal exigida para obtener la licencia, la portavoz del PSOE, Etelvina Andreu, también reclamaba firmeza al Ayuntamiento para que defendiese la legalidad y no cediese a las presiones de una empresa que defiende sus intereses particulares.

Castedo aseguró que Biodiésel carece de la autorización de la Conselleria de Industria para las instalaciones eléctricas , y tampoco tiene permiso de distribución de carburantes, además de incumplir la normativa urbanística del plan especial del Puerto, puesto que las edificaciones de la planta de biodiésel superan las alturas permitidas.

Estos criterios fueron defendidos ayer por los servicios jurídicos municipales en la prueba pericial que practicó el juzgado de la contencioso administrativo número 1 de Alicante, en la que también estuvieron presenten los representantes de la empresa que presentaron una auditoría y un informe técnico de un arquitecto que señalaba que pese cumplir la normativa se le había denegado la licencia.

Biodiésel reclama 143,7 millones por los costes de establecimiento y constitución de la mercantil y las perdidas de subvenciones. Pero sobre todo por los costes del aceite de soja que, según señalan, se han encarecido, y los perjuicios que le ha causado la denegaciónde licencia tras aprobarse una ampliación del capital por la mercantil, por lo que piden 122 y 16,8 millones de indemnización, respectivamente.