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La concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Sonia Castedo, descarta de forma categórica la millonaria petición de indemnización presentada por Biodiésel Alicante, ante el juzgado que entiende el caso. "No tiene sentido, desde la Gerencia Municipal de Urbanismo hicimos lo que correspondía: estudiar la petición de la licencia e informar de que no cumplía una serie de requisitos, como la altura máxima permitida para edificios y una serie de autorizaciones".

La edil hace especial hincapié en lo de la altura. El planeamiento sólo permite edificios de 12 metros de alzada, y sólo contempla excepciones para instalaciones técnicas o de almacenaje. Asimismo, Sonia Castedo recuerda que "es curioso cómo Etelvina Andreu llegó a decir que si por ella fuera denegaba la licencia, mientras que yo lo hice pero con informes técnicos que avalaban la decisión".

La concejal socialista Loles Fernández exige "firmeza al Ayuntamiento en la defensa de la legalidad: el gobierno municipal debe afrontar con energía y decisión las presiones de intereses particulares, por poderosos que sean, que pongan en peligro los intereses generales y el cumplimiento de la ley". Así se refiere la concejal a la gigantesca indemnización de más de 140 millones de euros. La edil responsable de asuntos urbanísticos en el PSOE municipal estima que "no tiene sentido pedir esta indemnización porque si los servicios técnicos del Ayuntamiento detectaron en el proyecto incumplimientos de las normas urbanísticas, del planeamiento, de la ordenación de edificios o de cualquier otra legislación sectorial aplicable, entonces el Ayuntamiento estaba obligado a denegar la licencia, y así lo establece la ley de modo tajante".

Fernández entiende que "no hay elementos de juicio que permitan ni siquiera suponer que hubiera debido de otorgarla: no existía ni existe el derecho de la mercantil solicitante de la licencia a edificar y ejercer la actividad de fabricación de combustible en el Puerto, por lo que no puede haber sufrido ningún daño o perjuicio por no haber podido construir la fábrica y desarrollar la actividad".

"Por otra parte -explica la concejal del grupo socialista-, de los datos que se conocen, parece que la mayor parte de las supuestas pérdidas corresponden a conceptos muy dudosos". Aún así, según añade la edil, "no es culpable el Ayuntamiento y, por lo tanto, no debe ser indemnizado por el erario, pues se trataría de pérdidas por la imprudencia de no haber tenido en cuenta que sin obtener la licencia no se puede iniciar la actividad".

Antes del comunicado hecho público por Loles Fernández, la portavoz adjunta del grupo del PSOE, Carmen Sánchez Brufal, criticóa a la edil Sonia Castedo "por no enterarse de la indemnización que solicita Biodiésel Alicante". Además, añade que la petición de esta mercantil se enmarca en las consecuencias de una gestión que permite a algunos "calificar Alicante como una ciudad sin ley".

Mientras tanto, el proceso judicial derivado del recurso presentado por la mercantil continúa vivo en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de la capital. Ayer se celebró una prueba pericial. La recurrente llevó a la sala a un arquitecto para tratar de demostrar que la planta cumplía todos los requisitos legales. También aportó la opinión de un economista para justificar sus pretensiones monetarias en relación a las pérdidas que le supusieron la denegación de la licencia, indicaron fuentes del caso. La sentencia podría estar para mayo.