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El Comité de Empresa Europeo de Altadis encargará un informe a una empresa francesa que plantee alternativas y valore en detalle el impacto que supone la reducción de plantilla que prevé el plan de reestructuración y organización de Imperial Tobacco, tras la adquisición de la hispano-francesa.

Tras reunirse en Madrid con el consejero delegado de Imperial Tobacco, Gareth Davis, el secretario general de la Sección Sindical de Altadis, por la Federación Agroalimentaria de CC.OO., Jorge Tomé, informa a Efeagro de que este informe se realizará durante los meses de julio y agosto y que en el próximo mes de septiembre, con los datos que concluya el mismo, se hará público "el conocimiento oficial y formal de oposición a este plan".

Además, en esa reunión, según ha recordado, se determinará una fecha para la posible convocatoria de huelga como rechazo a este plan, "por la destrucción del empleo que implicará y las condiciones nefastas que va a suponer para el tejido social de nuestro país".

Asegurado que la reunión se desarrolló en los términos previstos y que la representación sindical ha mostrado a Imperial su rechazo a la propuesta por el impacto que suponen los despidos que, entre Francia y España, afectan a un 81 por ciento del total de los trabajadores.

Según Tomé, Imperial les transmnitió que la reestructuración la hacen "desde una actitud profesional y como gestores que son de los intereses que representan". Imperial Tobacco prevé el cierre de seis de sus 58 fábricas en Europa y reducir la plantilla en 2.440 trabajadores.

En España, planea el cierre de la planta de Alicante y el recorte de la plantilla en 830 de los 6.700 trabajadores que la conforman. El portavoz adjunto del grupo socialista en Les Corts Joaquim Puig critica que mientras que el Gobierno central está tomando medidas para afrontar la crisis económica, el Consell ha permanecido estos últimos años "como un testigo ausente de la política económica".

Puig, en la presentación de una proposición no de ley que insta a Les Corts a oponerse a la directiva de la UE que amplía la jornada laboral a las 65 horas, acusó al Consell de haber "pasado absolutamente" de los sectores industriales".