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El Plan Parcial de Benalúa Sur aprobado ayer por el pleno del Ayuntamiento de Alicante incluirá viviendas de protección oficial (VPO). El alcalde Díaz Alperi rectifica así su planteamiento inicial y en el nuevo proyecto -que obliga al traslado de las dos instalaciones harineras para transformar la zona en un nuevo barrio frente a un gran parque de entrada a la ciudad- tendrá casas protegidas. Sin embargo, Díaz Alperi, en un intento de echar por tierra las acusaciones de la oposición socialista, argumentó el cambio de postura en que la Ley Urbanística Valenciana (LUV), aprobada después del Plan Parcial de Benalúa Sur obliga a incluir las VPO.

De este modo, el alcalde rechazó que esta medida esté relacionada con el reciente anuncio del grupo municipal socialista de pedir a la Fiscalía Anticorrupción que investigue supuestas irregularidades en la gestión de Urbanismo en torno a la unidad uno del plan parcial de Benalúa Sur, tal y como mantuvo el portavoz del PSOE, Roque Moreno. El pleno aprobó, con los votos mayoritarios del PP y la abstención del PSOE, iniciar al procedimiento del concurso para la gestión indirecta del Programa de Actuación Integrada (PAI) de la Unidad de Ejecución número 2 del Plan Parcial Nuevo Sector Benalúa Sur. Se pone así en marcha un proyecto impulsado por el equipo del primer alcalde socialista José Luis Lassaletta en el año 1990. En el transcurso del debate, caracterizado por el cruce de acusaciones entre ambas formaciones, la edil de Urbanismo, Sonia Castedo, defendió su gestión y aseguró que la decisión incorporada ahora de incluir VPO en la unidad 2 del PAI se produjo "antes de julio" y estuvo motivada por exigencia de la LUV. El alcalde fue más allá y dijo que "es mentira que el aspecto de las VPO se haya incluido por que hayan amenazado con denunciar a la fiscalía", recalcó. "Una vez más, añadió, es utilizar el embuste, la mentira, engañar a la gente, el crear confusión y el intentar aplicar lo de "a río revuelto, ganancia de pescadores", comentó Díaz Alperi. Además, recordó que "el TSJ dijo que el convenio (con Prasa) era perfectamente legal y que era más lo que el Ayuntamiento recibía que lo que daba", pero ahora los socialistas dicen que "el convenio ahora no se puede aplicar".

El portavoz del grupo socialista, Roque Moreno, inició su intervención en el pleno con la siguiente afirmación: "Esto no huele bien". Acusó a Díaz Alperi de "dejación" y de realizar "apaños contra el interés público" que "al final le han llevado a que las cosas no le salgan bien". En opinión de Moreno, el anuncio de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción ha hecho que ahora el grupo popular se haya visto "obligado" a "traer a pleno por urgencia este expediente". Roque Moreno mostró su preocupación por la situación de los trabajadores de las empresas harineras que hasta ahora ocupaban los terrenos en los que se va a urbanizar, y consideró que "no se incluyen garantías para la reinstalación de las fábricas en otro sitio". La edil de Urbanismo recordó que el Ayuntamiento "no es el que debe garantizar el mantenimiento de estos empleos", pero a través de los 85 puntos que se exige como mínimo a la empresa adjudicataria de este sector, se pretende conseguir que se proceda al "traslado de las harineras" a otras zonas del casco urbano de la ciudad.

Por otra parte, durante la sesión, a preguntas del grupo socialista, Sonia Castedo se refirió al registro de solares del Casco Antiguo, y destacó durante la primera mitad de este año el Servicio de Conservación de Inmuebles ha llevado a cabo 213 órdenes de ejecución, de las cuales 122 han sido archivadas, 48 han sido sancionadas y el resto se encuentran pendientes de resolución. En opinión de Castedo, estas cifras confirman la eficacia de este servicio, dado que el 70 por ciento de las órdenes de ejecución se cumplen. Entre otros puntos, el Pleno también dio luz verde a la fórmula de gestión indirecta del Centro Integrado de Telecomunicaciones previsto en el Tossal de Alicante.