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Huertos de naranjos en la partida Vinyals de Ondara, con la sierra de Segària al fondo, donde se prevé la construcción de una urbanización. El Ayuntamiento de Ondara está obligado a someter a información pública la propuesta urbanística presentada hace cuatro años por la empresa Montarol Agrícola SL para la construcción de 400 nuevas viviendas en los 400.000 metros cuadrados de suelo urbanizable que esta mercantil tiene en la montaña de Segària.

Así lo dictamina la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que pone fin al contencioso iniciado en 2004 por la empresa después de que el pleno rechazase someter a información pública el plan urbanístico proyectado para la zona.

De esta forma, el Consistorio tendrá que acatar la sentencia, lo que no supone, según explicó ayer el alcalde de Ondara, Ximo Ferrando, "que vayamos a aprobar este plan. Ahora tenemos la obligación de someterlo a información pública y luego ya decidiremos si se admite o no a trámite, porque nosotros, el PP, siempre hemos defendido que la parte alta de la montaña se quede libre de toda construcción".

Por eso, recordó Ferrando, en 2004, el Partido Popular apostó por el proyecto presentado por La Generala en la partida rural de Vinyals y que prevé construir 2.000 casas y un campo de golf en la falda de Segària, "aunque aún está pendiente de adjudicar".

El objetivo de esta propuesta -que suscitó varias protestas y una gran polémica- era, según el primer edil, poder ofrecer a la empresa Montarol la posibilidad de edificar en esta zona y proteger el resto de la montaña, pero no hubo entendimiento y el asunto acabó en los juzgados.

Según Ferrando, la última esperanza que le queda a Ondara para poder preservar de la construcción la zona alta de Segària es que en el Concierto Previo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que está en marcha en la actualidad, "podamos reconducir el tema estudiando todas las posibilidades que tenemos sin causar perjuicios al municipio".

Lo cierto es que en el pleno extraordinario que se celebrará mañana se dará cuenta de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, y ya en otra sesión plenaria posterior se aprobará someter a una información pública el citado PAI de Montarol.

En el año 1988, el Ayuntamiento de Ondara, entonces gobernado por el PSPV, y la empresa llegaron a un acuerdo a través del cual los propietarios de terrenos en Segària cedían al municipio 94.000 metros cuadrados para hacer un parque público y el Consistorio se comprometía a reclasificar como urbanizables los 400.000 metros cuadrados de la montaña.

Un acuerdo que 20 años después sigue en vigor y que fue el que impulsó a la empresa, que cuenta con unos derechos adquiridos, a presentar un programa urbanístico que sigue en el aire.

El concejal del BNV, Xavi Pons, comentó ayer que la sentencia no es más que una consecuencia más de la forma de gobernar del alcalde y de "su irresponsabilidad, porque el Partido Popular fue el único que en el pleno del mes de agosto de 2004 votó en contra de someter a información pública este plan urbanístico".

"Nos abstuvimos sabiendo los derechos adquiridos que tenía la mercantil, por eso sólo el PP es el que ha provocado la situación en la que ahora nos encontramos todos", añadió el concejal del partido nacionalista.

Pons explicó que el BNV actuará siempre por el interés general de Ondara y que este partido acatará la sentencia siempre y cuando hayan realizado las pertinentes consultas con los servicios jurídicos, "pues no haremos nada que no sea favorable al pueblo de Ondara y a sus ciudadanos".