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Los afectados por la Ley de la Dependencia están en pie de guerra. Por primera vez, pacientes y familiares procedentes de diferentes municipios de la provincia se han unido para denunciar a la Conselleria de Bienestar Social por tener "secuestrada" la normativa. Y es que ningún gran dependiente ha recibido todavía unas ayudas que están contempladas en la ley aprobada por el Gobierno central.

La sede de la Universidad de Alicante fue el escenario donde se reunieron en la tarde de ayer un centenar de personas, tanto particulares como representantes de 24 asociaciones de dependientes, que ya forman parte de la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia de Alicante y provincia. Se trataba del primer encuentro y el objetivo era debatir y acordar medidas de presión. Dos horas después quedó demostrado que los grandes dependientes ya "no quieren estar recluidos en casa y están deseando salir a la calle", destacó Miquel Martorell, miembro de la plataforma.

Las asociaciones han creado dos comisiones. Una de ellas se encargará del tema legal para realizar un seguimiento sobre los plazos e incumplimientos de la normativa. También remitirán un escrito de apoyo a la Síndica de Greuges por su labor y formarán talleres para explicar a todos los afectados los recursos contemplados y que no se están ofreciendo, ya que sólo hay seis evaluadores para toda la provincia. El problema añadido es que, según un representante del Colegio de Trabajadores Sociales que asistió a la reunión, la empresa privada que se encarga de ofrecer los planes individuales de ayudas "está funcionando muy mal".

La segunda comisión se dedicará a desarrollar actividades, y una de las primeras acciones será una campaña de recogida de firmas para presentarlas al conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, y "a ver si se le cae la cara de vergüenza". Además, empapelarán la provincia con carteles para denunciar la paralización y está prevista una manifestación.