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En inglés, en valenciano o castellano o como objetores puros a la asignatura. Estas son las posturas que mantienen las diferentes organizaciones de padres de alumnos y de profesores respecto a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que empezará a impartirse en la Comunitat Valenciana a todos los alumnos de segundo de Secundaria a partir del próximo curso. Frente a las 4.000 objeciones a la asignatura, presentadas en el registro de la Conselleria de Educación por padres vinculados a organizaciones religiosas, otros 4.000 padres, en este caso de colegios públicos y próximos a la Conferederación Gonzalo Anaya, han pedido que sus hijos cursen Ciudadanía, pero no en inglés, como está regulado, sino en castellano o valenciano. De esta forma secundan el acuerdo adoptado el pasado martes por el claustro de profesores del instituto Ballester Gozalvo de Valencia. En este centro han promovido que no se dé la opción de los trabajos trimestrales para cursar la materia y recomiendan a los padres que soliciten que la asignatura se les imparta a sus hijos en las lenguas cooficiales. Los padres han recogido unas 4.000 firmas, a través de un impreso que se distribuye junto al sobre de matrícula. En breve serán remitidas a la Conselleria de Educación. La presidenta de la Confederación de Padres, Gemma Piqué, puso de manifiesto que no se trata de animar a nadie "a ningún tipo de insumisión", sino a que se ejerza el derecho de que los escolares sean educados en las lenguas cooficiales. La Plataforma en Defensa de l"Ensenyament Públic, integrada por organizaciones sindicales y de padres, anunció para el próximo curso una campaña continuada para decir "basta a la política antidemocrática" ejercida desde la Conselleria de Educación. El instituto Ballester Gozalvo, lejos de dar marcha atrás a sus acuerdos, admitió ayer una "lógica preocupación", por el anuncio del conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, de que se sancionará a los profesores que no cumplan la legalidad. Ante ello reaccionó el PSPV desde donde la portavoz de Educación, Cándida Martínez, señaló ayer que se "solidariza" con los docentes de dicho centro educativo tras las amenazas vertidas por el conseller. En esta línea de apoyo se han pronunciado también otros partidos políticos. Glóòia Marcos, diputada autonómica de Compromís, criticó a Font de Mora, a quien le exigió que retire las amenazas. Alegó que ha perdido los papeles "y está inmiscuyéndose en la autonomía pedagógica y en la libertad de cátedra del profesorado". El delegado del Gobierno en la Comunitat, Ricardo Peralta, al igual que hizo el día anterior, reclamó al Consell que "ajuste a la normativa estatal" la asignatura de Educación para la Ciudadanía. "La ley obliga a todos, no sólo a los ciudadanos, sino también a las administraciones", añadió. El Partido Popular, por su parte, destacó ayer la "apuesta del Gobierno valenciano por una educación de vanguardia". El secretario general de partido, Ricardo Costa, acusó al PSPV de estar detrás del "boicot de algunos sectores a una norma totalmente legal". Subrayó el hecho de que no se obliga a ningún profesor a impartir la materia en lengua inglesa y apuntó los beneficios que suponen para el alumnado estudiar en inglés. Durante el día de ayer y la jornada de hoy, se están celebrando los claustros de final de curso en alguno de los cuales se aprobarán manifiestos en contra de la orden y, en algún caso, se sumarán a la postura del Ballester Gozalvo. Los que no tienen ningún problema en esta cuestión son los colegios concertados de la Federación de Religiosos de la Enseñanza (FERE). En estos centros se enseñará Ciudadanía en inglés y en la doble modalidad de clases presenciales o trabajos trimestrales. No obstante, el desarrollo de la normativa autonómica sobre la nueva asignatura va a tener consecuencias económicas en estos centros escolares. Por ello, han pedido a la Conselleria de Educación que asuma el coste del aumento la plantilla para impartir Ciudadanía en inglés. Fuentes de los colegios de FERE señalaron ayer a LAS PROVINCIAS. que estos días se encuentran trabajando para poder ofrecer la asignatura tal y como la establece la orden de la Conselleria de Educación. "Nadie de nuestros centros se va a negar a impartirla", aseguraron. Los centros concertados han admitido que el desarrollo de la orden tiene dificultades a la hora de organizar la docencia. Estos problemas surgen del ajuste de la plantilla de profesores como de la necesidad de adecuar las instalaciones para dar la nueva asignatura. pese a todo ello, garantizaron que la van a poner en marcha tal y como se establece en la orden del Consell. Defienden que hasta que no se pronuncien los tribunales sobre los recursos presentados por algunas organizaciones sindicales y de padres, "nuestra posición es la de acatar la ley y las ordenanzas derivadas de ella". Por esta razón, desde la FERE consideran que en algunos centros será necesario contratar profesores cuando no hayan suficientes con el perfil requerido para impartir Ciudadanía. Dichos requisitos son estar en posesión de la licenciatura de Filosofía o de Geografía e Historia y estar capacitados en inglés. Desde la patronal de la enseñanza concertada también manifestaron que el hecho de dar una hora a la semana en inglés "no va a suponer un gran aporte a la formación de los alumnos en este idioma y, sin embargo, supone un enorme conflicto organizativo". En estos centros "no se ha presentado ninguna objeción" por parte de los padres, aunque destacaron que sí han notado la preocupación que tienen las familias por esta asignatura .