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Unos cincuenta afectados de distrofia muscular y enfermedades degenerativas, con un grado de discapacidad superior al 80 por ciento, denuncian la "lentitud" y el boicot de la de la Generalitat en la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana.

Pacientes, familiares y asociaciones de personas damnificadas por enfermedades degenerativas presentaron un escrito de queja ante la dirección territorial de Bienestar Social en Alicante en el que aseguran que el Consell "no está cumpliendo" con la legislación.

También expresan su desacuerdo con la gestión del Gobierno valenciano en la aplicación de esa normativa mediante carteles en los que se podía leer: Camps, defiende las familias de grandes dependientes. Cumple la ley y los grandes dependientes no podemos esperar más ¡Ley de Dependencia ya!.

La portavoz del colectivo y madre de uno de los enfermos, Mercedes Pastor, destacó la pretensión de los afectados de remitir su queja al Consejo Interterritorial de Servicios Sociales, promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia para que "agilice la tramitación de las solicitudes de evaluación y concesión de ayudas".

El documento señala que la mayoría de los grandes dependientes padece enfermedades degenerativas graves y de evolución rápida, como lesiones medulares, por lo que requieren "una atención permanente para llevar una vida autónoma".

Además, el escrito señala que estos enfermos no han sido valorados como "grandes dependientes ", aunque la ley recoge que serán atendidos "de manera preferente", y destaca que los afectados necesitan con "urgencia" que sus derechos sean efectivos.

"Si la Generalitat no valora a los grandes dependientes, no saben cómo empezar a dar las ayudas a los enfermos", argumenta Pastor, quien opinó que, con esa actitud "está boicoteando" la ley.

En su opinión, los evaluadores han realizado "muy mal" las primeras valoraciones, ya que, afirmó, se han centrado levemente en las incapacidades de los enfermos. Según Pastor, la Generalitat gobierna "para los ricos y no para las familias" al impulsar acontecimientos como la Copa de América o la Volvo Ocean Race.

Rosario Rives, madre de otro de los enfermos, asegura que la Síndic de Greuges les ha informado de que el Gobierno valenciano aún no le ha comunicado en qué medida se aplica la Ley en la Comunitat, cuántas valoraciones se han realizado, ni cuántos evaluadores hay en cada provincia.

Salvador Roig, de CC.OO., lamenta que la última información de la que disponen los sindicatos "es que sólo había 50 evaluadores para toda la Comunitat", y resalta que "con ese número de personas contratadas es imposible que se pueda atender a todas las personas".