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La investigación judicial en torno a Terra Mítica y otra veintena de empresas parece haber pasado a un segundo plano para el PSPV. Así lo demuestra la escasa actividad que los socialistas valencianos han desarrollado en el juzgado para tratar de esclarecer si se cometieron diversos delitos, entre ellos el de fraude fiscal y societario, durante la etapa de construcción del parque. El PSPV lleva personado en la causa, en calidad de acusación particular, 13 meses -desde marzo de 2007-, aunque la investigación comenzó a finales de 2005. Empezó fuerte, ya que en la querella que presentaron para formar parte de la investigación reclamaban que se estudiaran también la posible existencia de los delitos de estafa, malversación de fondos y blanqueo de dinero. A partir de ahí su actividad ha sido mucho más relajada, con la única presentación de un recurso y la formulación de una pregunta durante la declaración de varios testigos.

El PSPV presentó el recurso para que el juez admitiera la investigación conjunta del caso sobre el centro de ocio y la de Proyectos Temáticos. El titular del juzgado de Instrucción número 3 de Valencia, en el que se investiga Terra Mítica, rechazó la petición en octubre de 2007 al no encontrar suficiente conexión entre los dos casos a pesar de que hay imputados en común. En un nuevo intento, el recurso fue elevado a la Audiencia de Valencia, que dos meses después ratificaba la decisión del magistrado. La segunda de las iniciativas emprendidas por los socialistas en el caso fue una sola pregunta que el abogado del PSPV realizó durante la única declaración de testigos en la que el partido ha estado presente -la última celebrada-. Fue en junio de 2007, día en que comparecía personal de las empresas de Vicente Conesa -considerado el principal impulsor de la supuesta trama de facturas falsas-.

Por lo demás, los socialistas se han limitado a secundar las peticiones de la Fiscalía, tales como la revisión de las facturas en las que se sustenta el caso y que a pesar de contar ya con la designación de peritos de Hacienda no puede ejecutarse de momento. La razón es que la designación de los peritos está también impugnada y uno de los elegidos ha descartado participar en el caso. Bien es cierto que la personación del PSPV en la investigación ha estado precedida de un largo proceso. El juez requirió a los socialistas la aportación de una fianza de 150.000 euros para poder participar como acusación particular. La elevada cantidad de dinero obligó al PSPV a hablar con la dirección federal del PSOE para que esta diera el visto bueno y les permitiera presentar propiedades del partido como aval. Finalmente fueron Andrés Perelló e Isabel Escudero -por entonces diputado autonómico y vicesecretaria del PSPV- los que presentaron la fianza y dieron sus nombres para participar en el caso.

Entre todos los trámites, los socialistas entraron en escena en marzo de 2007, 10 meses después de comunicar que esa era su intención. La puesta al día también requirió de tiempo y organización: en el momento de personarse, el caso llevaba ya 30.000 folios de sumario que debían estudiar a fondo. Con todo, llama la atención que la actividad del PSPV se haya limitado durante este tiempo casi en exclusiva a secundar las peticiones de la Fiscalía sin ir más allá. Sobre todo por el revuelo mediático que organizaron cuando anunciaron que querían personarse y buscar hasta el último indicio de los supuestos delitos cometidos en el parque. Los propios imputados están sorprendidos por la escasa capacidad de iniciativa de los socialistas. "Algunos todavía no hemos entendido para qué están en el caso. Parece que su única misión en todo esto es incordiar", señalan fuentes cercanas al caso. Otras apuntan a que la entrada del PSPV en la investigación fue una estrategia que permite a los socialistas tener información privilegiada de lo que sucede y aprovecharlo en su batalla política contra el PP.