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El Fòrum recurrirá en el Constitucional el fallo que permite construir nichos en la fosa común

11:31:50 - 28/11/2007VMT -La asociación pedirá al Gobierno que intervenga para garantizar la protección de la zona
El conflicto de la fosa común del cementerio General aún no se ha resuelto. El Fórum per la Memoria acudirá al Tribunal Constitucional para reivindicar su derecho a defender el honor de las víctimas del franquismo enterradas en la sección séptima derecha del camposanto. Así lo anuncia la presidenta de la asociación, Amparo Salvador, durante la valoración de la sentencia que ha dado la razón al Ayuntamiento, permitiendo la creación de nichos sobre la única fosa que permanece sin ser alterada (sin construir) en el cementerio General.
En primera instancia, el juzgado de lo Contencioso Administrativo dio la razón a la asociación, impidiendo las obras y permitiendo el derecho de investigación por parte del colectivo demandante. Sin embargo, tras el recurso del Ayuntamiento, el Tribunal Superior ha desestimado la sentencia, al señalar que el Consistorio ejercía sus competencias y que el Fòrum no tiene legitimidad para defender los derechos de la personalidad de los represaliados del franquismo que fueron enterrados en la fosa, pues esta potestad corresponde a las familias.
La asociación entiende que la última sentencia vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva, a la libertad de investigación y a la igualdad. Por ello, se presentará el recurso de amparo ante la institución judicial que vela por el cumplimiento de los derechos constitucionales.
"Entendemos que la sentencia va contra el espíritu de la ley de Memoria Histórica aprobada por el Congreso, que protege estos espacios y legitima a las asociaciones para ejercer las actuaciones necesarias en defensa de la memoria de las víctimas", dice Salvador.
"Desde hace años se están investigando y encontrando fosas, ahora se está legislando en este sentido. Decir (el TSJ) en este contexto que se puede destruir la fosa es poco prudente", apunta la abogada de la asociación, Mercé Teodoro, en la misma línea de defensa de la legitimidad del Fòrum. Teodoro añade que la sentencia se ha hecho "con una selección parcial de situaciones favorables" a las tesis que defiende, obviando las que son contrarias al Ayuntamiento.
También lamenta que se calificara de "sospechoso" que la asociación se constituyera después de que se hubiera firmado el contrato de obras para construir los nichos, pues no prueba nada, y que se pusiera en duda un informe del Consell Valencià de Cultura, aportado por la parte demandante, que no estaba firmado, pese a que su autor se ratificó el día de la vista.
En cuanto a las omisiones, la asociación denuncia que no se reconoce la existencia de una fosa común, pues "sólo se habla del derecho del Ayuntamiento a edificar nichos" en palabras de la letrada, o que no se haga ninguna referencia a la legislación internacional, suscrita por España, en la que se defiende el derecho a reconocer las víctimas de un conflicto armado.
En la sentencia, comenta Teodoro, también se obvia que la fosa no estaba completamente limpia, como se probó en primera instancia. Además, denunció la escasa sensibilidad que muestra hacia las víctimas.
En cuanto a la legitimidad, advierte de que gracias a su investigación documental que ha permitido rescatar los nombres de las víctimas enterradas, ya han surgido familias dispuestas a actuar judicialmente si el Ayuntamiento decide continuar con las obras, pues ellas sí que tendrían legitimidad.
El Fòrum también anuncia su intención de solicitar al Gobierno que intervenga para garantizar la protección de la fosa, dentro de los derechos que garantizará la Ley de Memoria Histórica. También se pondrán en contacto con el Consell de Europa para realizar la misma petición. Sin embargo, desde el Ayuntamiento ya se ha garantizado que no se actuará en la fosa, ni siquiera en los dos cuadrantes que han quedado fuera del proceso judicial.
En su intervención, Teodoro destaca que el presidente de la sala donde se anuló la sentencia que les era favorable, Edilberto Narbón, está vinculado al sector conservador del Consejo del Poder Judicial y que tiene "una línea reticente a reconocer los intereses y derechos de los movimientos sociales. Pasó con Salvem el Cabanyal, con las emisiones de TV3 y ahora con las fosas".
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