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Hace hoy una semana, el Gobierno central acordó en el Consejo de Ministros recurrir varios artículos de la ley que fija la separación de bienes en los matrimonios valencianos. El anuncio del recurso, avalado por el Consejo de Estado, se fundamentó en que había apartados que obligarían a realizar cambios en el derecho civil español, que a priori regula el régimen de todos los matrimonios españoles.

Sin embargo, la realidad es distinta y la fórmula de separación de bienes que recoge la Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciana está vigente también en otras comunidades sin que el Gobierno la haya cuestionado. Es el caso de Cataluña o Baleares. La primera goza desde el año 1998 de una ley, el Código de Familia Catalán, que regula el régimen matrimonial exactamente igual que en el caso valenciano. Así, el artículo 10 de la norma recoge que el régimen económico matrimonial "es el convenido en capítulos. De no existir pacto, o en caso de que los capítulos matrimoniales sean ineficaces, el régimen económico es el de separación de bienes".

El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, se ha valido de los casos similares al valenciano para denunciar lo que, a su juicio, es un recurso con clara "intencionalidad política" pero que, según señala, no tiene visos de fructificar.

El conseller recuerda que la ley valenciana está amparada por el Estatuto de Autonomía, en el que se incluyen las competencias de la Generalitat para "desarrollar, conservar y modificar el derecho civil foral valenciano", en el que se basa la norma reguladora de los matrimonios. Este caso no es único de la Carta Magna valenciana, ya que también los Estatutos de Cataluña o Aragón incluyen la posibilidad de desarrollar su derecho civil foral.

A estos casos se sumaría otro similar, el de Baleares, que cuenta desde 1990 con un decreto legislativo que compila aspectos del derecho civil balear. El artículo 3 del decreto señala que el régimen económico conyugal "será el convenido en capitulaciones, formalizadas en escritura pública, antes o durante el matrimonio, y, a falta de ellas, el de separación de bienes".

Basándose en estos casos, desde el Consell se preguntan por qué el Gobierno recurre únicamente la ley valenciana y no mueve ficha respecto a las de otras autonomías. Castellano señala que el Consell defenderá la norma hasta el final "y luchará para que la Comunitat no sea tratada como una comunidad histórica de segunda categoría". El titular de Gobernación considera "curioso" que el PSOE votara el Estatuto de Autonomía Valenciano y ahora recurra una ley que surge al amparo de este.

Pero para el Ejecutivo central los motivos del recurso están claros. Fuentes jurídicas de Presidencia del Gobierno explican que el recurso "no es tanto por el contenido sino por las competencias". Según señalan, el Tribunal Constitucional interpreta que el derecho civil foral que pueden desarrollar los Estatutos es el que estaba vigente en el año 1978, fecha de aprobación de la Constitución.

Esta fecha limitaría las aspiraciones del Consell a la hora de desarrollar aspectos de la ley, puesto que los fueros valencianos se abolieron hace 300 años y no ha habido compilaciones posteriores de derecho civil foral. No ocurre así en el caso de Cataluña o Baleares, que aprobaron compilaciones de su derecho propio durante el franquismo y han ido haciendo actualizaciones.

De esta forma, las competencias del Consell se limitarían a lo que el derecho foral recogía hace 300 años -principalmente cuestiones agrícolas o de costumbres- pero dejaría sin efecto aspectos modernos de la nueva ley como los que reconocen el trabajo en casa de los cónyuges o la protección de la familia con cuestiones que hacen referencia específica a los malos tratos.

Castellano admite que si el recurso del Gobierno prosperara, la ley quedaría "desdibujada", ya que se cuestionan elementos fundamentales como la recuperación de la germanía o la propia separación de bienes, aunque aseguró que el Consell está "tranquilo". Como muestra, ha presentado la campaña publicitaria de la ley que desde hoy estará en la calle. Los anuncios -en televisión, radio y vallas- pararán durante la campaña electoral y se retomarán la segunda quincena de marzo hasta abril.