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La desalinizadora Alicante II está ya casi acabada y en disposición de empezar a producir agua a partir de marzo, pero la guerra sin cuartel que mantiene la Generalitat Valenciana con el Gobierno central a cuenta de la política hidrológica puede dar al traste con los planes y retrasar indefinidamente la puesta en marcha de una infraestructura que se antoja vital para garantizar el suministro el próximo verano si, como se prevé, persiste la sequía. Y es que, a menos de dos meses de su inauguración, la nueva planta todavía no cuenta con la declaración ambiental integrada que el Ministerio solicitó a la Generalitat el pasado mes de junio.

Así lo revela la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que durante la visita que hizo a las obras mostró no obstante su confianza en que, a diferencia del conflicto que mantienen ambas administraciones por la desalinizadora de Torrevieja, el escollo administrativo se resuelva antes de la apertura de la planta. Las obras están prácticamente acabadas a falta de incorporar las bombas de dilución, sistema que según explicó la ministra, "permitirá reducir al mínimo cualquier eventual impacto de la salmuera sobre los fondos marinos".

La desalinizadora Alicante II, en la que se han invertido 96 millones de euros, producirá 24 hectómetros cúbicos de agua potable al año, cantidad suficiente para abastecer a una población de 350.000 personas. Está situada en Aguamarga, al lado de la planta Alicante I, que tiene la misma capacidad, aunque según precisó la ministra, la que está a punto de inaugurarse "incorpora sistemas más avanzados y más eficientes desde el punto de vista energético". También se han incluido mejoras a la hora de diluir la salmuera para minimizar su impacto medioambiental cuando se vierte al mar.

Pero casi más importante que lo que dice, lo es el cómo. La puesta en escena no ha tenido desperdicio, ya que Narbona ha comparecido junto al presidente de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, Isidoro Carrillo, ante un enorme panel con una fotografía de la ex ministra de Medio Ambiente Elvira Rodríguez y del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, brindando con agua desalinizada durante la inauguración de la planta Alicante I, en septiembre de 2003.

Puesto que la apretada agenda de la ministra en la Comunitat sólo le permitía hacer una declaración institucional sin admitir preguntas de los periodistas, Narbona opta por defenderse de las críticas a la política hídrica del Gobierno atacando. Tras recordar las declaraciones del ex portavoz del Consell y candidato del PP al Congreso de los Diputados por Valencia, Esteban González Pons, en las que definía las desalinizadoras como "las centrales nucleares del mar", Narbona se pregunta si son "buenas o malas dependiendo de quién gobierne", por lo que reclama "más sensatez y menos manipulación a la hora de hablar de agua".

En este sentido argumenta que el Gobierno de España cuenta con el respaldo de la UE en materia hídrica "porque sigue los criterios y la legislación europea", "escucha a los expertos pertenecientes a las comunidad científica" e invierte en I+D+i para mejorar la tecnología aplicada al agua. Además, hace hincapié en que el apoyo de Bruselas no es discutible, porque "los 1.200 millones de euros en ayudas que le negó al anterior Gobierno para el trasvase del Ebro, se los está dando a los proyectos del programa AGUA".

Pese al polémico informe elaborado por un comité de expertos del Ministerio de Medio Ambiente, en el que se reconoce que la técnica de la desalinización todavía es muy cara, Narbona intentó relativizar sus conclusiones señalando que "el agua desalada cuesta 500 veces menos que el agua mineral". Argumenta que eso es así porque el coste de la energía, que es el principal gasto, "se ha reducido en diez años a la mitad" y agregó que "aún queda margen de mejora". En cualquier caso, valora por encima de todo que este recurso "garantiza agua siempre, llueva o no llueva".

Respecto al efecto de la salmuera sobre los fondos marinos, Narbona dice que las praderas de poseidonia de Alicante no desaparecen por el efecto de las desalinizadoras, "sino a causa de la ampliación del puerto y de otras infraestructuras portuarias, donde no parece que haya preocupado igual su efecto".