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Amenaza con llegar a los tribunales antes de que comiencen las obras. Los detractores del plan de Rabasa, que prevé la construcción de más de 13.500 viviendas, advierten, a penas 24 horas después de la aprobación del Consell, de que recurrirán a los tribunales para impedir lo que la mayoría considera un error y una barbaridad de consecuencias impredecibles.

Los detractores de este polémico plan -que recibió el jueves el visto bueno de la Comisión Territorial de Urbanismo de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda- son mayoría frente al Consistorio alicantino, el propio adjudicatario del proyecto y la patronal de la Construcción son los únicos que respaldan el proyecto frente a numerosas organizaciones vecinales, partidos políticos, sindicatos y plataformas ciudadanas que han reiterado su rechazo a la ejecución y aprobación de un plan urbanístico gestado al margen del Plan General de Ordenación Urbana.

Los trámites se acortan y los plazos para que el adjudicatario del plan parcial inicie las obras parece estar ahora más cerca, tras la aprobación del Consell del polémico plan.

Pero las entidades y partidos contrarios al Plan Parcial de las Lagunas de Rabasa no se cruzan de manos. Algunos han anunciado su intención de paralizar el proyecto en los tribunales. Ayer lo hizo la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas que preside Carlos Gómez Gil. Hoy es el turno de Esquerra Unida que ya ha anunciado que interpondrá un recurso contencioso-administrativo para paralizar la aceptación definitiva del proyecto. EU calificaba de "fraude urbanístico" la aprobación del pasado jueves del plan y reiteró su "rotundo rechazo" a este proyecto. Para EU , la recalificación de 3,7 millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable que configuran el entorno del humedal para construir 13.500 viviendas es "desmesurada, insostenible y destruirá por completo la naturalidad de las Lagunas de Rabasa".

Por su parte el portavoz del grupo PSPV-PSOE en Les Corts, Ángel Luna advirtió de que la aprobación definitiva del Plan Rabasa de Alicante por parte de la Generalitat "hace pensar en un recurso del Abogado del Estado" porque el plan urbanístico "no respeta la normativa vigente".