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El contrato es nulo. El Ayuntamiento deberá indemnizar a la empresa que no adjudicó el contrato que según el TSJ le correspondía. Además las arcas municipales deberán también asumir las costas de un proceso judicial iniciado en 2005.

Es parte de la condena del alto tribunal al Ayuntamiento de Alicante y que hace referencia a la adjudicación del contrato del servicio de limpieza y mantenimiento parcial del cementerio municipal y ejecución de las actividades funerarias por un plazo de dos años.

Al concurso municipal se presentaron dos mercantiles. Enrique Ortiz e Hijos, que resultó la adjudicataria, y la UTE Secopsa Servicios S.A. y Servicios y Contratas Prieto S.A., que fue eliminada antes de llegar a la última fase, a pesar -como se desprende de la sentencia- de ofertar el servicio más barato.

La sentencia del TSJ, firme pues ratifica una anterior y que condena al Ayuntamiento a indemnizar a la que resultó eliminada, no ahorra calificativos y pone en duda el funcionamiento del área así como la objetividad del técnico que aconsejó la adjudicación.

"Las puntuaciones son evidentemente tendenciosas con objeto de favorecer a Ortiz". "Los criterios de adjudicación en modo alguno pueden considerar imparciales" -se recoge en las conclusiones de la sentencia que añade además que- "da la impresión que la licitación pública fue un mero trámite administrativo de obligado cumplimiento".

El análisis de las dos ofertas realizado por el Juzgado de los Contencioso Administrativo número 2 de Alicante -cuya sentencia ratifica ahora el TSJ- reconoce que ambas empresas están perfectamente capacitadas para desarrollar el trabajo requerido. Advierte además de que la diferencia de las puntuaciones entre una empresa y otra no se justifica y que "son tendenciosas para favorecer a Ortiz". Además recoge en sus conclusiones que puesto que ambas con capaces de desarrollar el trabajo "debería haber primado la oferta económica más barata", en este caso, precisamente la que fue eliminada". Además advierte que el técnico municipal "incumple su obligación que es la evaluación completa del proyecto", ignorando partes importantes de la empresa eliminada y concluye que "es sorprendente el empeño del técnico municipal en desacreditar la oferta de la UTE formada por las mercantiles Secopsa y Prieto.