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El Gobierno español se muestra preocupado por el importante incremento de los inmigrantes argelinos que, de modo irregular, entran en España a través de Alicante. Así lo pusieron de manifiesto las autoridades españolas en una reciente reunión bilateral celebrada para intentar convencer a Argelia de que permita aumentar el cupo de repatriaciones, tal y como refleja un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación al que ha tenido acceso este diario.

El documento subraya que el fenómeno se ha acentuado desde mediados del pasado año y que afecta por igual a Alicante y Murcia, mientras que pierde consistencia en Almería, el acceso clandestino tradicionalmente más utilizado por los ciudadanos argelinos que desean ingresar en el país de manera ilegal.

Para paliar la situación generada, la Comisaría General de Extranjería propone que se eleve el número de expulsiones, algo imposible si no da su consentimiento el Estado norteafricano.

En concreto, se solicita que cada barco utilizado para devolver a su país a los naturales de Argelia pueda albergar hasta 25 inmigrantes irregulares, frente a los ocho fijados en la actualidad. Ello significaría triplicar la cifra en los ferris que unen Alicante con Orán.

En caso contrario, el Cuerpo Nacional de Policía, competente en materia de extranjería, apuesta por poner en práctica una disposición que prevé "efectuar dos repatriaciones por vuelo comercial".

La figura del cónsul de Argelia en Alicante es capital en este apartado de la política migratoria, puesto que él se ocupa de identificar a los argelinos en situación irregular en España, cuyos expedientes han obtenido una resolución firme, y sin su visto bueno no es posible hacer efectiva la expulsión.

Por este motivo, resulta muy habitual que hasta la capital alicantina viajen autobuses llenos de inmigrantes argelinos clandestinos, detenidos en puntos de todo el territorio nacional, para pasar este trámite, previo al retorno forzoso al Magreb.

La delegación argelina se comprometió a tomar en consideración las propuestas españolas, si bien la reunión "no sirvió para acordar soluciones a los problemas que se presentan en el ámbito migratorio", expone el informe elaborado por personal de Asuntos Exteriores.

El comisario general de Extranjería se refirió en esta sesión, celebrada a comienzos de mayo, en el marco del Comité Hispano Argelino de Seguimiento del Protocolo de Circulación de Personas de 2002, a la importancia de la política de repatriaciones como "elemento disuasorio esencial en la lucha contra la emigración ilegal, y pidió encontrar una solución conjunta".

Por la parte argelina, se insistió en que ambas naciones están decididas a que el problema no se convierta en estructural. Al mismo tiempo, se hizo hincapié "en el esfuerzo argelino por controlar el fenómeno migratorio a lo largo de 7.000 kilómetros de frontera y 1.200 de costa, movilizando al Ejército, la Marina y la Gendarmería, y puso de manifiesto la disposición de su gobierno a ayudar a España en esta materia".

No obstante, el director general de Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores argelino dejó claro a las autoridades españolas que al Gobierno al que pertenece le resulta imposible aceptar repatriaciones masivas, debido "a la alta sensibilidad política de las readmisiones".

El diplomático, a modo de concesión, señaló que quizá en el futuro pueda variar este punto de vista si cambian las mentalidades en su país, según describe el documento oficial del Ejecutivo español.