Noticias Ya.com

El Gobierno distribuyó el pasado 20 de diciembre a todas las autoridades portuarias españolas un nuevo protocolo de medidas para mejorar la protección de los puertos y el transporte marítimo. El nuevo plan antiterrorista, que actualiza los programas puestos en marcha por el Ministerio del Interior en 2005 en cumplimiento de las recomendaciones de la comisión del 11-M, deja en manos del departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba las decisiones críticas ante amenazas de gran envergadura.

El plan de emergencias, coordinado por el Ministerio de Presidencia, involucra, además de a Interior, a todas las instituciones relacionadas con los puertos como la Secretaría General de Transportes del Ministerio de Fomento, Marina Mercante o las diferentes autoridades portuarias. Pero será siempre Interior el que marque las pautas según la información en su poder sobre posibles ataques. Este ministerio será el que decida en qué nivel de protección se hallará cada puerto. El protocolo fija tres niveles: 1, "normal"; 2, "medidas de protección adicionales"; y 3, ante "un probable o inminente suceso que afecte a la protección marítima, aunque no sea posible determinar el blanco concreto".

Las autoridades portuarias, ante el temor de un ataque inminente, podrán, por cuenta propia, elevar (nunca disminuir) el nivel de protección, aunque siempre deberán avisar de la contingencia al Ministerio del Interior. Este departamento, en el caso de un temor fundado, tendrá incluso la potestad de negar la entrada al puerto a cualquier navío bajo sospecha.

Interior, cuyos funcionarios tendrán a partir de ahora absoluta libertad de movimientos en los puertos, tomará las decisiones, pero el nuevo plan antiterrorista se alimentará en buena medida de las informaciones que generen las otras administraciones involucradas, a las que el plan encomienda un elevadísimo número de tareas. Entre ellas, la elaboración de un protocolo de evaluación de la protección portuaria. Fomento, Marina Mercante y los directores de los puertos deberán "identificar y evaluar los bienes e infraestructuras a controlar", "determinar las posibles amenazas", "seleccionar las contramedidas", "descubrir los puntos débiles, incluidos los relacionados con el factor humano", "controlar los antecedentes" de los empleados, "determinar los posibles efectos colaterales de un ataque" y fijar cuáles son las "vulnerabilidades críticas" de los puertos para actuar de manera preventiva.

Este plan, que también podrá extender sus medidas de seguridad a las "zonas adyacentes" a las instalaciones náuticas, viene a completar el denominado protocolo de prevención y protección de buques puesto en marcha a finales de 2005 por el Ministerio del Interior, que ya en julio de ese año comenzó los controles aleatorios de viajeros con vistas a detectar posibles terroristas. En marzo de 2005, la comisión parlamentaria del 11-M en sus recomendaciones puso especial hincapié en la protección de las infraestructuras portuarias, ya que consideraba que estas instalaciones podían ser un objetivo prioritario de Al Qaida. Sin embargo, hasta la fecha las fuerzas de seguridad solo han constatado dos intentos terroristas de atacar a un buque y ambos fueron obra de ETA.

El sangriento comando Andalucía compuesto por Jon Igor Solana y Harriet Iragi en agosto de 2000 planeó introducir un coche cargado con cien kilos de cloratita en un ferri de Trasmediterránea que unía Valencia con Ibiza. Afortunadamente, el vehículo que venía desde Francia se averió y los terroristas lo abandonaron en la localidad oscense de Benabarre.

Un año después, el comando Xoxua de ETA, desarticulado en junio de 2001, intentó introducir otro vehículo bomba en la bodega del transbordador Val de Loire que unía Santander con la ciudad británica de Plymouth. El plan de los terroristas era avisar de la colocación de la bomba para hacer desalojar el buque y hundirlo acto seguido en el puerto de la capital cántabra.