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La eventual salida de Cavalcanti, quien debe viajar a Nueva York para participar en un encuentro parlamentario regional, dejaría al Gobierno del presidente Luis Ignacio "Lula" da Silva sin su principal aliado en el Congreso, donde ya su base legislativa está en desbandada.

En caso de la salida de Cavalcanti, la presidencia quedaría en manos del vicepresidente de los Diputados, José Thomaz Nonó, un respetado miembro del Partido del Frente Liberal (PFL) y con más de 20 años de actividad parlamentaria.

Pero el presidente de la Cámara rechazó las propuestas para alejarse del cargo y replicó que era sometido a "execración pública".

"No puedo ser colocado a la execración pública con acusaciones sórdidas, irresponsables y sin pruebas", dijo Cavalcanti en un comunicado divulgado por su oficina. "Puedo tropezar en las palabras, pero jamás irán a encontrar nada que me deshonre a mi mandato o actos corruptos que manchen mi biografía de casi 40 años de vida pública", agregó Cavalcanti, un conservador de 74 años.

Cavalcanti "tiene que alejarse del cargo para responder por las denuncias. No tiene cómo quedarse", aseguró la diputada Denise Frossard, del pequeño Partido Progresista Social (PPS). "El presidente Cavalcanti nunca tuvo las capacidades para ser el presidente, pero fue elegido y ahora pagamos un precio altísimo", agregó en conversación telefónica.

El dirigente, recordó Frossard, fue elegido como presidente de la Cámara en febrero, en comicios internos celebrados cada dos años, "simplemente porque los partidos de oposición querían propinarle una derrota al candidato del PT (el oficialista Partido de los Trabajadores, de Lula)...sabiendo que él (Cavalcanti) no tiene formación" para el cargo.

El presidente de la Cámara "mínimo tiene que pedir una licencia de 30 días (del cargo), mientras estas denuncias se investigan, se aclaran. Quien no tiene culpa, no tiene que temer una investigación", indicó telefónicamente el diputado Onyx Lorenzoni miembro del PFL, uno de los principales de la oposición al Gobierno "Lula".

SOBORNOS AL CONCESIONARIO

Diversas informaciones divulgadas el viernes pasado aseguraban que Cavalcanti supuestamente cobró sobornos de unos 10.000 reales al mes (unos 4.300 dólares) al concesionario de un restaurante del Congreso para mantenerle el contrato anual de servicio.

Cavalcanti negó de inmediato las versiones, pero las denuncias llegaron después que comisiones del Congreso que investigan denuncias de corrupción solicitaron el 1 de septiembre abrir juicios o estudiar retirar los mandatos de 19 legisladores, incluyendo a uno que dimitió a comienzos del mes pasado precisamente para evitar el proceso.

Son esas denuncias sobre financiamiento ilegal de campañas y compra de votos, entre otras, las que aquejan desde junio al PT de Lula, perdiendo el control de su base aliada parlamentaria, también involucrada en el escándalo.