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Posteriormente, y por primera vez, el Ministerio indicó que los ejecutados fueron Seiha Fujima, de 47 años, y Hiroki Fukawa, de 42, ahorcados en el Centro de Detenciones de Tokio, mientras que Noboru Ikemoto, de 74 años, fue ejecutado en el Centro de Detenciones de Osaka.

Fujima estaba acusado de matar a cinco personas entre 1981 y 1982, e inicialmente fue sentenciado a cadena perpetua, pero la decisión fue retomada por el Tribunal Superior de Justicia de Takamatsu apoyado por el Tribunal Supremo. Fukawa asesinó a dos personas en 1999 e Ikemoto fue condenado por disparar a tres personas en 1985.

Amnistía Internacional de Japón condenó las ejecuciones diciendo que "mientras que los nombres de los presos no fueran revelados, los ahorcamientos serían una herramienta repentina, como siempre, sin notificar a los presos, a sus familias o a nadie". Además, protestaron por el hecho de que nueve personas ya han sido ejecutadas en lo que va de año.

"Japón va contra la tendencia global de abolir la pena de muerte... Sólo Japón y Estados Unidos mantienen la pena capital como castigo", afirmó la ONG. "Esperamos que Japón se decline a terminar con la pena de muerte, la última violación de los Derechos Humanos", añadió el grupo internacional.

Estas ejecuciones son las primeras que Hatoyama ordena, quien, en agosto tras tomar posesión de su cargo, afirmó que las ejecuciones deberían llevarse a cabo automáticamente sin requerir la orden del ministro de Justicia.

Los últimos datos reflejan que el número de ejecutados en lo que va de año alcanza a nueve personas, la cifra más alta desde 1976. Y en la actualidad, el número de sentencias de pena de muerte que siguen en pie son 104. Las últimas ejecuciones se llevaron a cabo en agosto. Fueron tres, ordenadas por el predecesor de Hatoyama, Jinen Nagase, quien en tan sólo un año de mandato ordenó ejecutar a diez personas.

El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas solicitó a Tokio que introdujera inmediatamente una moratoria en las ejecuciones, señalando que la presión psicológica en los presos y sus familias sobre la constante incertidumbre por la fecha de ejecución aumenta la tortura.