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El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno-Ocampo, pidió el pasado lunes al tribunal emitir una orden de arresto para Al Bashir bajo sospecha de crímenes de lesa humanidad.

Moreno-Ocampo acusó a Al Bashir de liderar una campaña de genocidio que provocó la muerte de 35.000 personas, una "muerte lenta" a al menos 100.000 más y obligó a otros 2,5 millones a abandonar sus hogares en la región occidental de Darfur en Sudán.

Sudán, China y Sudáfrica han expresado preocupación de que una acusación formal a Al Bashir pueda dañar el estancado proceso de paz que busca poner fin al conflicto de 5 años de duración en la región.

"La búsqueda de la justicia no debería poner en riesgo otras prioridades en Sudán", dijo ante los periodistas el embajador sudafricano ante Naciones Unidas, Dumisani Kumalo, antes de una reunión del Consejo de Seguridad.

Funcionarios de las fuerzas de paz de Naciones Unidas y diplomáticos nacionales dicen en privado que temen que una orden de arresto al mandatario sudanés pueda provocar una ola de violencia contra la fuerza de paz conjunta de las Naciones Unidas y la Unión Africana (UNAMID, por su sigla en inglés).

El embajador de Sudán ante Naciones Unidas, Abdalmahmoud Abdalhaleem, dijo que estaba en conversaciones con los enviados rusos y chinos para encontrar una forma para que el Consejo de Seguridad use su poder para congelar las acciones de la CPI.

Diplomáticos occidentales dicen que es muy pronto para que el Consejo de Seguridad discuta una suspensión de las acciones de la CPI, pero añadió que Moreno-Ocampo dejó claro que una situación problemática puede ser evitada si Jartum cambia su comportamiento respecto a acusaciones previas de la CPI.

Dicen que Bashir podría evitar la acusación si pone fin a lo que perciben como un intento de dejar impunes a dos hombres a los que la CPI acusó el año pasado por crímenes en Darfur. Jartum no los ha entregado a la corte, ni ha iniciado el proceso legal en Sudán para investigar las acusaciones.