Noticias Ya.com

Después de declararse competente el pasado octubre para investigar si trece altos cargos marroquíes cometieron delitos de «genocidio» en el Sahara Occidental durante los años 70, 80 y 90, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón comenzó ayer el grueso de la instrucción de la causa tomando declaración como testigos a cuatro familiares de presos y desaparecidos saharauis personados en la misma.

Una vez ratificaron ante el juez la querella presentada en septiembre de 2006, estas cuatro personas mostraron su satisfacción a las puertas del Tribunal, en lo que no dudaron de calificar como «día histórico» para el pueblo saharaui «después de 32 años de lucha». Una de las querellantes, Hurri Ahmed, agradeció al juez Garzón el «interés» por sus testimonios y que los recibiera «con los brazos abiertos». Con la admisión a trámite ayer de la querella, Ahmed destacó que se «abre una nueva esperanza para conocer el paradero de decenas de personas».

Estos cuatro testigos, ataviados con chilabas, estuvieron arropados en el exterior por una treintena de personas que portaron banderas del Sahara, pancartas con los lemas «Marruecos genocida» y «Todos somos saharauis», y fotografías de víctimas del régimen alauí. Además, los allí congregados acompañaron sus denuncias con los gritos de «Marruecos, culpable; España, responsable», «Sahara justicia» y «Viva el Polisario».

Comisión rogatoria a Rabat

El magistrado, que ya ordenó notificar la querella a cada uno de los acusados por delitos de «genocidio», había solicitado anteriormente información a Marruecos con la finalidad de conocer si estos hechos han sido objeto de alguna investigación en aquel país. Entre las trece autoridades del Estado alauí figura el máximo responsable de la Gendarmería Real, Housni Benslimane, condecorado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en enero de 2005 con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica junto a otros altos cargos marroquíes.

Según se señala en el auto de competencia de Garzón, Benslimane «ordenó y dirigió presuntamente la campaña de detenciones y desapariciones en Smara en 1976», y fue el «causante de la desaparición» de al menos una de las víctimas.