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Silvio Berlusconi confirmó este miércoles, en la rueda de prensa posterior a su primer Consejo de Ministros, que Italia aplicará mano dura contra los inmigrantes y los potenciales delincuentes. La medida más polémica, la inclusión de la inmigración clandestina o ilegal en el elenco de los delitos, fue aprobada en el Consejo por unanimidad.

Ahora queda la votación final en el Parlamento, para que sea efectiva en el menor tiempo posible. Y lo será, a pesar de que la oposición ya mostró su rechazo a esta medida. Pero poco podrá hacer, porque Berlusconi posee la mayoría en las dos Cámaras.

El ministro del Interior, Roberto Maroni, ilustró después con detalle el plan de seguridad de Gobierno, confirmando los principales puntos ya anunciados. Entre las medidas urgentes en materia de seguridad pública aparece no sólo la expulsión de los clandestinos, sino la confiscación de los apartamentos alquilados a los ilegales, más cooperación entre la policía municipal y las fuerzas del orden, mayor dureza en las penas, medidas más eficaces para luchar contra la mafia, y castigos más severos para quienes conduzcan en estado ebrio o bajo los efectos de las drogas.

Por lo que se refiere a los ciudadanos europeos, Italia se adhiere al Tratado de Prum, el Banco de Datos de ADN europeo, para poder ejercer un control mayor de quienes entran en el país, ciudadanos o no de la UE. De hecho, aquellos comunitarios que quieran entrar en el país tendrán que demostrar que tienen los recursos económicos suficientes para estar en Italia, y poseer un seguro médico. Será potestad del alcalde de la ciudad en la que se encuentre el ciudadano europeo tomar la decisión.

Más poder para los alcaldes

Los alcaldes adquieren así mayor autonomía y capacidad de intervención en su territorio gracias a las normas presentadas ayer y que entrarán en vigor dentro de dos meses.

Siguiendo con esta política de mano dura, el Gobierno de Berlusconi anunció que la ciudadanía italiana la adquirirá el cónyuge extranjero dos años después del matrimonio, y no seis meses más tarde, como hasta ahora. Por lo que atañe a las reunificaciones familiares, será necesaria una prueba de ADN que demuestre el parentesco directo entre los solicitantes. Pero la cosa no acaba aquí, el ministro Maroni confirmó que habrá penas de cárcel para quien alquile, con fines lucrativos, una vivienda a ciudadanos clandestinos.

«Estabilizar el país»

Se trata de una política durísima para «estabilizar el país, y garantizar la seguridad a los ciudadanos italianos», señaló Berlusconi. Antes de presentar el plan, Silvio Berlusconi se centró en el asunto de las basuras y cómo solucionarlo. «Nápoles tiene que volver a florecer -señaló el «Cavaliere»- y nos hemos dado dos meses de tiempo». Y como soluciones presentaron dos medidas. La primera, y más obvia, la de abrir más vertederos y crear incineradores nuevos, uno de ellos en Nápoles. Una medida que no es novedosa, porque ya el Gobierno de Romano Prodi -ante la crisis- la había aplicado sin éxito, porque la población levantó barricadas a la entrada de los vertederos. De hecho, en los alrededores del centro escogido en Chiaiano, el panorama es el de una guerra. Barricadas por todas partes donde siempre hay alguien, ya que la población hace turnos para vigilar.

Con objeto de solucionar este problema, Berlusconi calificará esos terrenos como «áreas de interés estratégico nacional», es decir, áreas militares. Así que quien ponga pie en los vertederos sin estar autorizado, podrá ir a la cárcel.

Para calmar los ánimos, el «Cavaliere» explicó que las instalaciones modernas de los vertederos e incineradores emiten mucha menos contaminación que cinco coches.