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No es previsible que Gordon Brown pierda en el Parlamento británico la votación sobre el Tratado de Reforma de la Unión Europea (UE), pero el tiempo hasta que quede ratificado por la Cámara de los Comunes y la de los Lores en el primer trimestre de 2008 puede ser un periodo de desgaste para el primer ministro.

Brown acudió a los Comunes para presentar el acuerdo alcanzado la pasada semana en Lisboa sobre el Tratado, que será aprobado formalmente por los Gobiernos comunitarios en diciembre. Obligados por el poco entusiasmo europeísta del país, los laboristas prometieron un referéndum en su último programa electoral, pero el hecho de que el Tratado ya no sea una Constitución, al menos nominalmente, ha dado la excusa a Brown para evitar una consulta popular de incierto resultado.

El primer ministro justificó ayer esta decisión en el Parlamento por el hecho de que el nuevo texto, según insistió, no supone una transferencia sustancial de soberanía a las instituciones comunitarias. Indicó además que el Reino Unido ha visto salvadas las «líneas rojas» que se marcó en la negociación, con lo que quedan respetadas ciertas especificidades británicas, incluso con salvedades expresas. En la defensa del texto, Brown también señaló que «no va a haber más reformas institucionales en la UE en muchos años».

El líder de la oposición, el conservador David Cameron, acusó a Brown de tratar a la gente «como tontos» por asegurar que la fallida Constitución no es casi idéntica al texto resultante. En este sentido citó al Gobierno español, que lo considera un 80 por ciento similar. «Deje que la gente decida, usted lo prometió en el programa electoral. ¿Cómo espera que la gente confíe en sus promesas en el futuro?», declaró en un encendido debate.

De todos modos, los mismos conservadores reconocen que no van a poder forzar la celebración de un referéndum. Aunque algunos diputados laboristas se podrían sumar a los «tories», a favor del Gobierno juega el tradicional europeísmo de los liberal-demócratas.

Hay quien ha trazado un paralelismo entre este debate y el que el Reino Unido sostuvo con ocasión del Tratado de Maastrich entre 1992 y 1993, que durante catorce meses debilitó enormemente al entonces primer ministro, John Major. A diferencia de lo que hoy reclaman los «tories», el conservador Major no convocó ningún referéndum.