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Raida Cóndor, de 63 años, no tiene dudas sobre la responsabilidad del ex presidente en el asesinato de su hijo Armando Amaro, uno de los nueve estudiantes muertos en julio de 1992 en la Universidad de la Cantuta, a manos del Grupo Colina, un escuadrón militar dirigido desde la mismísima Presidencia. Por este crimen y por otros cometidos por la misma banda, Fujimori deberá rendir cuentas ante la Justicia peruana.

El testimonio de Raida -recogido por el diario «La República»- incluye una reflexión: «Mi hijo no era un terrorista, pero aunque lo hubiera sido, él (Fujimori) no tenía derecho a matarlo de la forma en que lo hizo. Para eso hay leyes. Lo hubiesen juzgado y condenado a 30 años, de ser el caso, pero lo hubiera abrazado, tocado. ¿Qué me dejaron de mi hijo? Nada».

La excusa de la masacre de La Cantuta fue la presunta pertenencia del profesor y los nueve estudiantes a Sendero Luminoso, grupo terrorista de orientación maoísta que causó estragos en el Perú de los años 80 y principios de los 90. En teoría, el objetivo del Grupo Colina, según sus miembros, era ejecutar a «elementos subversivos» como parte de la guerra sucia que desarrolló el Estado frente a Sendero Luminoso y el MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru).

Cuerpos calcinados

Lo que encontró Raida de Armando, que no era ni de Sendero ni del MRTA, fue un cuerpo calcinado. En noviembre de 1993 lo que quedaba de su hijo se mezclaba con otros restos humanos en una fosa común. Incrustado entre pedazos de tendones había una llave. Con ella abrieron el pequeño candado del armarito de la Universidad de la Cantuta donde Armando guardaba sus cosas. En ese momento, Raida exclamó: «Ya perdí a mi hijo». En realidad, lo había perdido en julio de 1992 y desde entonces andaba en su busca y en busca de justicia.

«No confío en la Justicia peruana ni en el actual Gobierno de Alan García (...) En quince años no he encontrado justicia en este país, pero espero, esperaré. Siempre estaré pendiente, como madre, buscando justicia», asegura Raida.

Con ese objetivo la Sala II del Tribunal Supremo de Chile extraditó el viernes a Fujimori. En su fallo, los magistrados no tienen dudas sobre la responsabilidad del ex mandatario: «Concentraba (Fujimori) todos los poderes del Estado y el mando superior de las Fuerzas Armadas y los Servicios de Inteligencia, y propició la creación de un organismo especial dentro de las FF. AA. (Grupo Colina) para realizar operaciones en contra de personas sospechosas de subversión o de enemigos ideológicos del régimen».

Antes de La Cantuta, el escuadrón de la muerte tuvo su «bautismo de fuego» en Barrios Altos, una zona céntrica de Lima donde vivía gente sin recursos. El 3 de noviembre de 1991, mientras los vecinos celebraban una fiesta popular, el grupo Colina entró a tiros. Como resultado de «la operación» murieron quince personas, entre éstas un niño de 8 años al que ejecutaron por ser testigo de la masacre. Al frente del Grupo Colina se encontraba el mayor Santiago Martín Rivas, condecorado por Fujimori, junto al resto de los jefes de la banda, en julio de 1991, cuatro meses antes de la masacre.

Raida insiste en reclamar justicia. Como ella, los familiares de los muertos la exigen. Gisella Ortiz, hermana de Enrique, otro estudiante, jura que no cejará en el empeño. Lo lleva haciendo quince años y lo repitió cuando aterrizó Fujimori en Perú: «No vamos a permitir cárceles doradas, ni arrestos domiciliarios. No queremos venganza, de ser así también habríamos formado un escuadrón de la muerte y ejecutado a los responsables. Sólo queremos que se haga justicia».

Alberto Fujimori fue trasladado sin esposas desde Chile. El Gobierno lo justificó por una cuestión de «respeto a los derechos humanos». Interrogado durante cinco horas tras su llegada, sus seguidores, como el congresista Rolando Souza, han denunciado «un trato abusivo». Al mismo tiempo, fuentes ministeriales confirmaban que el ex mandatario tuvo un problema de hipertensión moderada poco después de llegar a Lima, que fue controlado por personal médico de la prisión.