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Llegó la hora de la revancha en Filipinas. Tras el fracaso de la asonada militar que tuvo lugar el domingo, cuando un grupo de marines se atrincheró en un cuartel de Manila y apeló al derrocamiento de la presidenta Gloria Macapagal Arroyo, el Gobierno acusó ayer de rebelión a 16 líderes opositores y detuvo a cuatro altos mandos de la Policía y el Ejército, como el superintendente jefe Marcelino Franco y el teniente Lawrence San Juan.

Entre los imputados destacan cuatro parlamentarios que han encabezado las manifestaciones contra el Ejecutivo que se han convocado durante el fin de semana. Junto al congresista Crispín Beltrán, arrestado para ser interrogado, figuran otros políticos de izquierdas como Satur Ocampo, Liza Maza y Teodoro Casino.

Dentro de este grupo de cabecillas del intento de golpe de Estado, la Policía también incluyó al ex senador Gregorio Honasan, un antiguo coronel apodado «El Gringo» que participó en el derrocamiento del dictador Ferdinand Marcos hace ahora 20 años y que parece haberle cogido el gustillo a los pronunciamientos militares. No en vano, Honasan se ha visto implicado en una docena de las conspiraciones urdidas durante las dos últimas décadas en Filipinas para tumbar a los diferentes gobiernos que se han sucedido en su turbulenta democracia.

Todos ellos podrían ser condenados a cadena perpetua por su participación en una trama en la que, según el Gobierno, se han aliado «la extrema derecha y la extrema izquierda». Por ese motivo, la Policía ha confeccionado una lista de medio centenar de líderes comunistas sobre los que ya pesa una orden de búsqueda y captura, a pesar de que muchos de ellos se hallan en el exilio.

Mientras este archipiélago asiático de más de 7.100 islas recuperaba poco a poco la calma tras los incidentes del fin de semana, un centenar de detractores de la presidenta Arroyo intentaban colarse en el Parlamento filipino. Portando carteles donde se podía leer «No a la ley marcial», desafiaban así el estado de emergencia decretado el viernes por el Gobierno ante la amenaza de un golpe militar. Pero sus planes fueron anulados rápidamente por los guardias de seguridad de la Cámara de Representantes, en una prueba más del debilitamiento de los movimientos opositores a Gloria Macapagal.

Ésta, por su parte, compareció ayer ante las cámaras de televisión y alertó de los graves daños que ocasionaban al país este tipo de sucesos. A pesar de sus intenciones, la legitimidad del estado de emergencia, que incluye el cierre de los colegios, será analizada por el Tribunal Constitucional tras las denuncias presentadas por varios parlamentarios.