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Según la televisión pública china, las condenas fueron dictadas por un tribunal intermedio de la región de Tíbet, ante la presencia de "más de 200 personas", entre ellas monjes budistas, personal médico y "población de todo tipo".

De acuerdo con los datos oficiales chinos, en las revueltas de Lhasa, que arrancaron después de que la policía dispersara con gases lacrimógenos a varios cientos de monjes concentrados en la ciudad, fallecieron 18 "civiles inocentes", un policía y tres manifestantes mientras intentaban huir de las fuerzas de seguridad.

Durante los disturbios, en los que el objetivo fue principalmente la población se quemaron hospitales, colegios, viviendas, tiendas y vehículos. La mayoría de las víctimas fallecieron por asfixia o carbonizadas, mientras intentaban esconderse de los atacantes.

El exilio tibetano ha dado la cifra de unos 150 tibetanos muertos a manos de la Policía y militares chinos, tanto en Lhasa como en el resto de localidades con población tibetana donde se produjeron manifestaciones tras los sucesos de Lhasa.

Diversas organizaciones han denunciado la falta de garantías legales que afrontarán los participantes en las manifestaciones detenidos. Una veintena de abogados chinos han llegado a firmar una carta solicitando que se cumpla la ley y se garanticen los derechos de los detenidos. La legislación china estipula que los detenidos tienen que solicitar un abogado para tener derecho a una defensa, aunque la mayoría de ellos lo desconoce.