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El Juzgado de lo Penal número 2 de Huelva juzgará mañana lunes a M.A.M.; F.C.V.; M.D.Q.; M.M.L.; M.F.S.; J.L.E., y J.I.V., para los que la Fiscalía ha solicitado tres años de prisión por la muerte en la localidad de Isla Cristina de un niño de siete años que sufrió una descarga eléctrica tras pisar una arqueta colocada previamente por los procesados y que carecía del aislamiento suficiente.

Según recoge el Ministerio Público en su escrito de conclusiones provisionales, el día 19 de mayo de 2002 este menor de siete años de edad se encontraba en las instalaciones de la piscina de la urbanización Monte Real y, al pisar con los pies mojados y sin calzar una arqueta con la cubierta metálica situada a la salida de esta piscina que carecía de aislamiento suficiente, sufrió una descarga eléctrica que produjo su electrocución y fallecimiento al día siguiente.

El fiscal indica que, a pesar de la inmediata asistencia médica recibida, el menor falleció a consecuencia de un fallo multiorgánico debido a la electrocución, precisando que la arqueta en la que se encontraba la instalación de cables y que provocó la descarga no reunía las condiciones mínimas exigibles para una correcta instalación y no llegaba a los 60 centímetros de profundidad y anchura, mientras que los cables no contaban con suficiente material de aislamiento y tocaban la tapa metálica de la arqueta.

Esta instalación, según asegura la Fiscalía, fue llevada a cabo por M.A.M., jefe de obra de la empresa Gyesa, y por F.C.V., instalador autorizado de la empresa Chacón Montajes Eléctricos; M.D.Q., empleado de la misma, y M.M.L., empleado de Sevillana Endesa que dio el visto bueno a la instalación eléctrica con el conocimiento de que la ocupación del subsuelo por los cables conductores no se había hecho con la profundidad suficiente, "con clara infracción de las normativas sobre esta materia".

Toda la instalación eléctrica mencionada se había realizado sobre la base del proyecto elaborado por los arquitectos M.F.S. y J.L.E., que se ocuparon de la supervisión del mismo como directivos facultativos, y que fue igualmente firmado dentro de sus competencias por el aparejador J.I.V., "conocedores todos ellos de las anomalías y deficiencias en la instalación y que no actuaron con la debida diligencia para impedir que dicha instalación entrara en funcionamiento con el consiguiente riesgo para las personas que habían de servirse de ella".

Por todo ello, la Fiscalía pide para cada uno de los siete acusados tres años de prisión por un presunto delito de homicidio imprudente, así como el pago a los padres del menor de 88.562,94 euros, ésto último en colaboración con las empresas instaladoras.