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Una vez analizada la información recabada en las inspecciones llevadas a cabo octubre de 2007, la Dirección de Investigación de la CNC estima que "parece improbable probar la existencia de acuerdos explícitos entre los productores o comercializadores de alimentos para elevar los precios".

No obstante, a la luz de dicha información analizada y, en especial, de las numerosas declaraciones y comunicaciones realizadas desde las asociaciones de empresarios del sector, se estima que éstas podrían constituir en sí prácticas que "podrían tener por objeto o efecto restringir, limitar o impedir la competencia".

De esta forma, la CNC ha decidido incoar expediente sancionador a la Federación de Industrias Alimentarias y de Bebidas (FIAB) así como a diversas asociaciones dependientes de ésta; a la Organización Interprofesional de Avicultura de Carne de Pollo del Reino de España (Propollo), a la Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos (Inprovo), así como a la Asociación de Fabricantes de Pan del Principado de Asturias.