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La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid dará a conocer hoy, a las 11.00 horas, la sentencia del "caso Funeraria", en el que se juzgó la presunta privatización irregular de la Empresa Mixta de Servicio Funerarios del Ayuntamiento de Madrid en 1992 a manos de Funespaña.

Durante seis meses, se sentaron en el banquillo de los acusados los ex concejales populares Luis María Huete, Simón Viñals y Antonio Moreno por la supuesta comisión de delitos de maquinaciones, prevaricación, malversación y tráfico de influencias. Les acompañaron José Ignacio Rodrigo, entonces asesor jurídico del Consistorio y ex presidente de Funespaña, y los hermanos Juan Antonio y Ángel Valdivia, directivos de Funespaña.

Para los ex ediles, el fiscal solicitó en la última sesión del juicio cuatro años y 10 meses de prisión, así como 24 años de inhabilitación para ejercer como cargo público. Rodrigo y los Valdivia se enfrentan a una pena de 18 años y siete meses por un amplio abanico de delitos, entre ellos contra la Hacienda Pública.

El "caso Funeraria" se remonta al pleno municipal celebrado el 22 de diciembre de 1992 que aprobó la venta del 49 por ciento de las acciones de la funeraria municipal a la empresa Funespaña, que la adquirió por un precio simbólico de 0,60 euros.

Según el Ministerio Público, Huete, Moreno y Viñals hicieron caso omiso a las advertencias del interventor municipal en contra de la adjudicación del 49 por ciento de las acciones de la funeraria municipal a Funespaña.

En su condición de asesor, Rodrigo aconsejó en el Consistorio sobre la operación de privatizar la funeraria. Según el fiscal, el ex presidente de Funespaña contactó con los Valdivia, entonces máximos responsables de Funespaña. Rodrigo se valió de sus conocimientos "para asegurarse una importante participación lucrativa de la operación".