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Según explicó a Europa Press el portavoz de la asociación, Miguel Angel Jimeno, para que el juez Garzón pudiera emprender acciones "tendría que ser porque hay expectativas de que haya algún delito que no haya prescrito y que tenga un autor que pueda presumirse que puede averiguarse quién es".

Sin embargo, explicó, es "bastante discutible" suponer que estamos ante "delitos imprescriptibles", ya que deberíamos hablar de un delito "tipo de genocidio" que además no prescribe desde su incorporación a la legislación española, algo "mucho más tardío". Del mismo modo, habría que determinar "quién es el sujeto o sujetos a los que se les puede exigir responsabilidades".

"LAGUNAS" EN LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA

Por todo ello, Jimeno señaló que la iniciativa del juez no tiene "ninguna salida" desde el punto de vista jurídico. A su juicio, es "evidente" que la Ley de Memoria Histórica "tiene lagunas", pero estimó que no deben ser resueltas por el Poder Judicial, sino por "el Ejecutivo", en "el propio ámbito político".

Para el portavoz de la asociación de jueces, no tiene sentido que "toda injusticia que se haya producido tenga que resolverla el juez". "El juez puede resolverla cuando es constitutiva de delito, pero si no hay modo de perseguir a nadie en concreto y el hecho en que se realizó, si es que se realizó, tampoco era delictivo, no debe ser", subrayó.

En cualquier caso, Jimeno recalcó que JpD defiende que los familiares de las víctimas "tienen derecho a que se averigüe" dónde se encuentran sus restos y "que los gastos corran a cargo del Estado", que debe ser quien "lleve la iniciativa".

"Esto que en la Ley de Memoria Histórica no quedaba suficientemente claro o no se asumió por las razones que fuese con la suficiente contundencia no puede resolverse desde una perspectiva jurídico-penal", insistió.