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El documento, que será presentado en sede parlamentaria próximamente por del Defensor, Enrique Múgica, muestra que el año pasado se abrió de media, una investigación de oficio por cada día laborable. En total, se incoaron 262 expedientes de este tipo, frente a los 142 del periodo anterior, es decir, un 84,5% más.

En total, la institución registró 17.373 expedientes de queja durante 2007, frente a las 31.443 del periodo anterior, cuando el número de reclamaciones se disparó por la estafa de la filatélicas Forum y Afinsa.

Por temas, las materias que más quejas suscitaron en 2007 fueron, por este orden, la administración económica (3.002 reclamaciones), la ordenación territorial (2.932), función y empleo públicos (2.572), sanidad y política social (2.278), justicia y violencia doméstica (1.815), defensa e interior (1.746), educación y cultura (1.728) e inmigración y asuntos exteriores (1.300 quejas).

DELINCUENTES SEXUALES

En el ámbito de la justicia, el Defensor se hace eco del debate abierto en la sociedad acerca de la conveniencia o no de que los delincuentes sexuales obtengan ciertos beneficios penitenciarios que supongan la reducción de la condena.

Sobre este asunto, a raíz de la liberación del "segundo violador del example" pese a que el mismo reconoció no estar rehabilitado, el Defensor valoró la conveniencia de dar traslado al Gobierno la creación de un grupo de trabajo para abordar una posible reforma legislativa que, según dice en el informe, aún "no ha recibido respuesta".

El informe también refleja el denominado caso "Nanysex", abierto contra un hombre acusado de atentar contra la indemnidad de varios niños de entre 1 y 5 años de edad, con quienes mantuvo relaciones sexuales con penetración. La actual regulación impidió considerar estos actos como agresiones sexuales al no constar cometidos con "violencia o intimidación".

Al margen del debate interpretativo suscitado entre los juristas, el Defensor estima que desde el punto de vista punitivo, "resulta insatisfactorio" el tratamiento del Código Penal. Por ello, inició una actuación de oficio que finalmente fue archivada tras conocer el informe del Ministerio de Justicia, donde se concluía que si bien existía controversia sobre el asunto, "no había previsión legislativa para reconducir determinados abusos sexuales a menores de trece años al capítulo de agresiones sexuales".

Por otro lado, el Defensor del Pueblo ha recomendado la elaboración de una norma específica sobre la publicidad de contenido sexual en medios de comunicación, así como su inclusión en las normas de autorregulación.

También en materia de justicia, el informe refleja las quejas en la vía de lo penal. En relación con este asunto, durante 2007 se tramitaron un total de 185 quejas, la mayoría de ellas por la dilatación en el tiempo de los procedimientos en curso, en algunos casos por la complejidad de los mismos, pero en otros por la falta de personal suficiente, "lo que supone una acumulación de procedimientos".