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La cabeza de lista de IU al Congreso por Zaragoza, Patricia Luquin, indica que en Aragón no se ha dado ningún caso similar al mencionado, pero recuerda que el nuevo Estatuto de Autonomía, dentro del capítulo de los derechos y deberes de los aragoneses, "recoge en el artículo 14 que todas las personas podrán expresar su voluntad, incluso de forma anticipada, sobre las intervenciones y tratamientos médicos que desean recibir, en la forma y con los efectos previstos en las leyes".

IU de Aragón cree necesario que el PP "reconozca públicamente su error" en el caso del Severo Ochoa y que "el Gobierno de la Comunidad de Madrid tome medidas para reparar el daño causado a los profesionales y al hospital y restituya al personal médico afectado".

Para IU, más allá del daño personal causado a los facultativos destituidos, la actuación del PP en este asunto esconde una verdadera "ofensiva contra la Sanidad pública, que requiere la intervención del ministerio de Sanidad".